Por Redacción
Ciudad De México, 23 de marzo de 2026.- La entrada en vigor de la nueva Ley General de Aguas ha derivado en un incremento significativo de la recaudación federal y la detección de irregularidades en la gestión del recurso hídrico, informó el gobierno de México durante la presentación de los primeros resultados de la normativa. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, detallaron que se espera una recaudación de 6,300 millones de pesos adicionales en 2026, lo que representa un aumento del 21% respecto a los ingresos de 2025.
Durante la conferencia de prensa, la jefa del Ejecutivo señaló que el objetivo central de la reforma legislativa aprobada en diciembre de 2025 es eliminar los privilegios de los comercializadores privados para garantizar que todos los usuarios sean iguales ante la ley. Morales López precisó que en el ejercicio anterior ya se había registrado un incremento de 3,500 millones de pesos, pero la aplicación estricta de las nuevas disposiciones contra el acaparamiento y el mercado negro ha potenciado los ingresos en el currente año.
Las autoridades federales dieron a conocer cifras específicas sobre las irregularidades detectadas tras la revisión de títulos de concesión. Se identificaron 18 títulos que suman 2.8 millones de metros cúbicos sin pago de derechos, así como 10 casos de sobreexplotación. Además, se reportaron 42 concesiones operando sin medidor y 10 con registros de impago. Como parte de las acciones correctivas, se han iniciado procesos para recuperar concesiones otorgadas bajo esquemas irregulares y devolverlas a usuarios directos, como municipios y pequeños productores.
En el estado de Querétaro, Conagua señaló a la familia Calzada como uno de los casos emblemáticos de concentración irregular. Según los datos presentados, este grupo concentra 628,000 metros cúbicos en cinco títulos. Efraín Morales López indicó que los pozos registrados con uso agrícola están siendo destinados para comercializar agua en pipas o abastecer desarrollos inmobiliarios y un club de polo. Mario Calzada, diputado federal del PRI, y José Calzada, exgobernador de la entidad, están vinculados a estos títulos según la información oficial difundida.
La investigación también reveló maniobras de fragmentación de títulos en Zacatecas, donde siete concesiones originales se transformaron en 50, generando ganancias estimadas en hasta 54 millones de pesos. En contraste, en Baja California, la regularización ha permitido la entrega de títulos de concesión a los municipios de Tijuana, Rosarito, Mexicali, Tecate y Ensenada. Aarón Mastache Mondragón, subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola de Conagua, afirmó que con esta acción se asegura el abastecimiento de agua para los próximos 30 años en la región. Se documentó que dichos municipios pagaron 531 millones de pesos a un distrito de riego en los últimos cinco años.
La nueva legislación prohíbe la transmisión de concesiones entre particulares, limita las cuotas de garantía y establece sanciones severas para quienes incurran en acaparamiento. Estos cambios buscan frenar la especulación con el líquido y priorizar el acceso para el consumo humano y la agricultura de subsistencia. Los resultados presentados este 23 de marzo marcan el inicio de la implementación operativa de la ley, cuyas consecuencias jurídicas y administrativas continuarán desarrollándose en los distintos estados de la República.
