Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- El Congreso de El Salvador aprobó este martes una reforma constitucional que permite la cadena perpetua, una medida impulsada por el presidente Nayib Bukele y su partido Nuevas Ideas. La modificación al artículo 27 de la Constitución, que antes la prohibía expresamente, fue respaldada por 61 diputados, incluyendo 59 oficialistas y dos opositores, en medio del régimen de excepción vigente desde hace cuatro años.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, defendió la reforma como parte de una estrategia de seguridad “irreversible”, aunque no especificó la fecha exacta de su entrada en vigor. La aprobación se produce días después de que un informe del Grupo Internacional de Expertas y Expertos (GIPES) vinculó las políticas de seguridad del gobierno salvadoreño con posibles crímenes de lesa humanidad durante el estado de excepción.
Bukele, quien gobierna con amplios poderes desde la declaratoria de emergencia en 2022 para combatir a las pandillas, presentó la cadena perpetua como un instrumento necesario contra la delincuencia. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales alertan que esta reforma profundiza un modelo de justicia penal que ha sido cuestionado por violaciones sistemáticas a garantías fundamentales.
El debate en la Asamblea Legislativa reflejó la polarización política en el país centroamericano, donde la oposición ha denunciado el autoritarismo del gobierno. A pesar de las críticas, solo dos diputados opositores se sumaron al bloque oficialista para dar el visto bueno a la enmienda constitucional, cuyo trámite específico posterior a la votación no fue detallado por las autoridades.
La reforma constitucional representa un giro histórico en el sistema penal salvadoreño y consolida el enfoque de mano dura que ha caracterizado a la administración de Bukele. Analistas prevén que la medida podría enfrentar nuevos cuestionamientos en foros internacionales, donde ya existen señalamientos sobre el deterioro del Estado de derecho en El Salvador.
