Por Redacción
Ensenada, 20 de julio de 2026.- Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, ingresó la tarde de este lunes al penal de máxima seguridad del Altiplano, luego de que una jueza federal dictara prisión preventiva en su contra por su presunta participación en una red de contrabando de hidrocarburos. El exmandatario y otros cuatro imputados arribaron al centro penitenciario a las 14:15 horas, tras concluir una audiencia inicial que se extendió por más de 30 horas, llegando a reportarse una duración de 40 horas.
La detención de Ruffo Appel se concretó el jueves 16 de julio en Ensenada, Baja California, tras un cambio de juzgadora en el caso. Mientras que el 22 de junio el juez Mario Elizondo Martínez había negado la orden de aprehensión, la jueza Alejandra Ramírez de la Vega la concedió el 13 de julio, librando órdenes contra 25 imputados, entre ellos Carlos Xavier Treviño Sepúlveda. La audiencia inicial contra Ruffo y otros siete presumibles implicados comenzó la noche del 17 de julio vía videoconferencia desde el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez.
En su resolución, la jueza Alejandra Ramírez de la Vega concluyó que la participación de Ernesto Ruffo Appel “no se limita a una intervención material aislada, sino que corresponde a la de un dirigente dentro de una organización criminal con dominio funcional del hecho”. La funcionaria judicial señaló que el exgobernador “organizó, coordinó y ejecutó un esquema ilícito de carácter sistemático orientado a la introducción ilegal de hidrocarburos al territorio nacional, en perjuicio del fisco federal y del orden económico del Estado”. Por estos motivos, se le imputan los delitos de delincuencia organizada, un delito en materia de hidrocarburos y contrabando.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la defensa de los imputados se acogió a la duplicidad del término constitucional, por lo que su situación jurídica se definirá el próximo martes 21 de julio. Mientras tanto, otros involucrados tienen distintas medidas cautelares: José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales permanecerán en sus domicilios por motivos de salud, y Adriana Magali Bárcenas Guillén quedó presa en el Cereso Nezahualcóyotl Sur. La investigación, que inició tras el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburo en julio de 2025 en Ramos Arizpe, Coahuila, ha identificado la participación de 70 personas, incluyendo representantes aduanales y servidores públicos.
La fiscal Ernestina Godoy afirmó que con estas acciones se desmanteló “la red de huachicol más grande de México”, la cual, según informó, causó una afectación al erario por más de 4,000 millones de pesos; otras fuentes cifran el daño en 4,456 millones de pesos. Previamente, el 3 de octubre de 2025, la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, había reportado que el daño total por contrabando de combustible ascendía a 600,000 millones de pesos, de los cuales 16,000 millones contaban con denuncias formales. La empresa Ingemar, de la cual Ruffo Appel es accionista mayoritario, está vinculada a las investigaciones.
Ante las acusaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó cualquier motivación política. “Es falso que haya un asunto político aquí. Es derivado de una investigación que tiene un año”, afirmó la mandataria, quien también aclaró que la detención no tiene relación con los audios filtrados de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. Sheinbaum añadió que en su administración se han realizado detenciones de 25 presidentes municipales de distintos partidos. Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, precisó que tras las ocho detenciones realizadas, aún faltan más aprehensiones por cumplimentar.
La defensa y aliados políticos han cuestionado el procedimiento. Verónica Ruffo, hija del exgobernador, denunció un “trato indigno y humillante” por parte de la FGR y exigió: “que se cumpla para él, como para cualquier mexicano, la presunción de inocencia, el debido proceso y un juicio con pruebas, no una condena política anticipada”. Roberto Gil Zuarth, exsecretario de Gobernación, criticó que la audiencia inicial se desarrollara “a puerta cerrada. Sin prensa, sin público, sin familiares”, recordando que el artículo 20 constitucional ordena que el proceso sea público. “Que todas las audiencias del caso Ruffo sean públicas: que veamos las pruebas, que escuchemos a las partes, que miremos al juez de frente”, demandó.
Organizaciones políticas y empresariales también emitieron pronunciamientos. El Partido Acción Nacional (PAN) señaló que “nadie debe estar por encima de la ley, pero tampoco por debajo de las garantías que la Constitución reconoce para cualquier ciudadano”. Asimismo, la Coparmex en Tijuana, Mexicali y Ensenada lamentó coincidir con la percepción de que la ley se aplica de manera discrecional “para crear cortinas de humo ante otros temas que preocupan al país”.
