Ciudad De México, 27 de mayo de 2026.- Entre el 20 de enero de 2025 y el 16 de abril de 2026, Estados Unidos deportó a México a 203,685 connacionales, según datos reportados por el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez.
De la cifra total de mexicanos repatriados, 164,444 ingresaron al país por vía terrestre y 39,441 por vía aérea. Para atender este flujo, el Gobierno de México dispone de ocho centros de atención ubicados en siete entidades, con una capacidad total para 1,600 personas.
Rosa Icela Rodríguez declaró que “México te Abraza, es un programa de la mente y el corazón de la presidenta Claudia Sheinbaum para recibir a los paisanos que vienen repatriados de Estados Unidos y regresan a nuestro país”.
Por otra parte, Human Rights Watch denunció que más de 18,000 personas cubanas y de otras nacionalidades fueron deportadas de Estados Unidos a México entre enero de 2025 y marzo de 2026. Estas expulsiones se realizaron mediante acuerdos entre ambos gobiernos, trasladando a personas no originarias de México a territorio mexicano. Los cubanos representaron el grupo más numeroso dentro de este rubro, con al menos 4,353 deportaciones registradas en el periodo analizado.
La organización documentó 53 entrevistas con personas deportadas, llevadas a cabo principalmente en Tapachula y Villahermosa entre febrero y abril de 2026. Paralelamente, la mortalidad en centros de detención migratoria de EE. UU. alcanzó su nivel más alto en más de dos décadas. La tasa de mortalidad en custodia del ICE pasó de 13 muertes por cada 100,000 personas en 2023 a 88.9 en enero de 2026, mientras que el número de detenidos aumentó de aproximadamente 39,000 a más de 70,000 desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.
En el ámbito local estadounidense, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, propuso permitir a la policía colaborar con el ICE si existe ‘causa probable’ de que una persona haya cometido un delito grave o violento. Ante esto, la Legal Aid Society advirtió: “Cualquier política que otorgue a las fuerzas del orden estatales o locales amplia discrecionalidad para colaborar con las autoridades federales de migración corre el riesgo de abrir la puerta a la discriminación y el abuso”.
