Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- Especialistas y profesores de investigación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) preparan denuncias formales contra exdirectores y funcionarios actuales de la institución por presuntos daños graves al patrimonio arqueológico durante la construcción del Tren Maya. Las acusaciones, centradas en el proyecto de parques memoriales como Balam Tun, señalan la destrucción de más de 62,000 estructuras mayas no recuperadas hasta la fecha.
Entre los señalados figuran Diego Prieto, exdirector del INAH, así como autoridades en activo como Margarito Molina, director del Centro INAH en Quintana Roo, y Manuel Pérez Rivas, encargado del salvamento arqueológico del proyecto ferroviario. Los denunciantes, miembros de la Comisión de Protección y Legislación del Patrimonio Arqueológico y del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia, sostienen que las acciones se realizaron bajo el argumento de proyectos de desarrollo, utilizando maquinaria pesada y explosivos en sitios de Campeche y la península de Yucatán.
El arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer, uno de los voceros de los inconformes, detalló que las cifras de pérdida son alarmantes. Según su testimonio, además de las 62,000 estructuras no rescatadas, existen 47 monumentos mayas que fueron supuestamente restaurados de manera irregular en el proyecto de Chetumal. Asimismo, se reportó la reubicación de 36 monumentos arqueológicos en el parque Balam Tun, donde las piezas habrían sido desmanteladas y recombinadas, alterando su contexto histórico original.
Las contradicciones en los reportes iniciales sugieren una escalada en la formalización de las quejas. Mientras que en informes previos se hablaba de la preparación de las denuncias por presuntos daños, las declaraciones más recientes confirman que los especialistas procederán a presentarlas ante las autoridades competentes en los próximos días. El conflicto interno en el INAH destaca la tensión entre la preservación científica del patrimonio y las exigencias de los megaproyectos gubernamentales.
Hasta el momento, no se ha registrado una respuesta oficial por parte de los funcionarios denunciados ni de la dirección general del INAH respecto a las imputaciones de usar dinamita y retroexcavadoras para destruir monumentos. La comunidad académica espera que las autoridades judiciales abran una investigación que incluya peritajes independientes para verificar el estado de los sitios en Xpujil, Chetumal y otras zonas afectadas por el trazado del tren.
Este caso pone sobre la mesa el debate sobre lo que legalmente podría constituir un crimen contra el patrimonio cultural, cuyas sanciones podrían ser severas si se comprueba la intencionalidad o negligencia grave en el manejo de los hallazgos. La presentación de estas denuncias marca un punto de inflexión en la relación entre la comunidad científica y la ejecución de obras de infraestructura en el sureste mexicano.
