Por Redacción
Boston, 21 de marzo de 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este viernes una demanda federal contra la Universidad de Harvard, acusando a la institución de discriminar a alumnos judíos e israelíes y de permitir un ambiente hostil tras los ataques de Hamás del 7 de octubre. La acción legal, interpuesta ante un tribunal federal en Boston, Massachusetts, tiene como objetivo recuperar “miles de millones de dólares” en subvenciones federales otorgadas a la prestigiosa casa de estudios.
Según el documento legal presentado por la administración de Donald Trump, las autoridades alegan que Harvard mostró indiferencia ante casos de acoso y agresiones físicas sufridas por estudiantes de origen judío e israelí. La demanda señala específicamente que la universidad permitió la realización de protestas propalestinas que infringieron sus propias políticas institucionales, citando como ejemplos la ocupación de bibliotecas y el establecimiento de un campamento que permaneció instalado durante 20 días en el campus.
En respuesta a las acusaciones, la Universidad de Harvard emitió un comunicado en el que asegura que “se preocupa profundamente” por la seguridad y bienestar de sus alumnos judíos e israelíes. La institución defendió su actuación afirmando que ha tomado “medidas sustanciales y activas” para abordar el antisemitismo dentro de su comunidad académica, aunque no detalló acciones específicas frente a los cargos legales planteados por el gobierno federal.
Esta iniciativa legal representa la tercera demanda que la actual administración estadounidense presenta contra Harvard, lo que evidencia una ofensiva más amplia del gobierno para intervenir en la educación superior. Las autoridades han manifestado su intención de “reformar ideológicamente” las universidades del país, oponiéndose frontalmente a los criterios de diversidad, equidad e inclusión (DEI) que han sido implementados en años recientes.
Los antecedentes de este conflicto se remontan a febrero de 2025, cuando el gobierno federal envió una carta a Harvard exigiendo una supervisión estricta en sus procesos de admisión y contratación. Con esta nueva acción judicial, la disputa entre el Ejecutivo y la institución educativa escala a un nivel sin precedentes, poniendo en riesgo el financiamiento público que recibe la universidad y marcando un punto de inflexión en la política educativa de Estados Unidos.
