Ciudad de Mexico, 10 de julio de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que Alonso N (Ancira), socio mayoritario de Altos Hornos de México, aún tiene pendiente completar la devolución de 216 millones de dólares por el presunto fraude en la compra de la planta de fertilizantes Agronitrogenados por parte de PEMEX. La presidenta Claudia Sheinbaum informó sobre la situación: “Todavía debe, me lo confirmó la Fiscalía”.
El acuerdo reparatorio buscó compensar el daño económico derivado de la adquisición de la planta con un sobreprecio. Según un dictamen, PEMEX pagó 275 millones de dólares, mientras que una valuación del INDAABIN estableció que una planta nueva tenía un valor de 58 millones 335 mil 960 dólares. Esto determinó un sobreprecio de 216 millones 664 mil 40 dólares, monto fijado como reparación del daño.
A solicitud de Alonso N, se propuso un convenio garantizado con el 99% de las acciones de Grupo Acerero del Norte, cuatro hornos y tres inmuebles más. El Consejo de Administración de PEMEX autorizó el acuerdo el 9 de febrero de 2021 y un Juez de Control lo aprobó el 19 de abril de 2021, estableciendo el pago en tres parcialidades.
La primera parcialidad de 50 millones con 40 dólares se cubrió el 30 de noviembre de 2021, y la segunda de 54 millones 166 mil 10 dólares el 30 de noviembre de 2022. Con estos pagos, Ancira cubrió un total de 104 millones 166 mil 50 dólares. Sin embargo, el tercer y último pago por 112 millones 497 mil 990 dólares, vencido el 30 de noviembre de 2023, no fue realizado.
Ante el incumplimiento, la FGR solicitó el 5 de diciembre de 2023 la reanudación del proceso penal. El empresario argumentó problemas de capitalización y reestructura financiera para solicitar una prórroga. PEMEX consideró viable ampliar el plazo hasta el 30 de noviembre de 2024, decisión autorizada por el Juez de Control el 10 de enero de 2024 y reflejada en un convenio modificatorio firmado el 7 de marzo de 2024.
El 12 de junio de 2024, el Juez de Control determinó reservar la aprobación definitiva del convenio modificatorio debido a una suspensión derivada de un juicio de amparo de Emilio Lozoya dentro del mismo caso. La FGR sostiene que existen dos procedimientos de apelación pendientes de resolución en un tribunal colegiado, lo que impide actualmente la prosecución del procedimiento penal contra Alonso Ancira y Emilio Lozoya Austin.
