Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- La Comisión Instructora de la Cámara de Diputados retomará tras el receso de Semana Santa la sesión para analizar la solicitud de desafuero contra Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, acusado por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche de los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público. El diputado Hugo Eric Flores, presidente de dicho órgano, confirmó que la sección instructora tiene la obligación de sesionar antes de que concluya el periodo de sesiones ordinarias, por lo que se programará la reunión inmediatamente después del descanso vacacional.
La acusación formal presentada por la autoridad campechana señala a Moreno Cárdenas por un presunto desvío de recursos por 83 millones de pesos durante su gestión. Este proceso jurídico se suma a un historial de irregularidades administrativas detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), las cuales han sido objeto de debate por la forma en que fueron solventadas o perdonadas en años recientes.
De acuerdo con reportes de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en enero de 2022, tres años después de que el priista dejó la gubernatura de Campeche, aún permanecían pendientes por solventar 3 mil 387 millones de pesos, lo que representaba el 98 por ciento del total de las observaciones realizadas por la ASF correspondientes al ejercicio fiscal de 2018. Dichas cifras contrastan con los 3 mil 435 millones de pesos que fueron inicialmente detectados como posibles desvíos en ese mismo periodo.
Análisis de datos publicados por medios de comunicación indican que la gestión de David Colmenares al frente de la ASF resultó benévola para Alejandro Moreno Cárdenas en los últimos años, toda vez que al político le fueron perdonadas o solventadas cuentas que dejó pendientes durante su sexenio como gobernador. Se estima que más de 2 mil 700 millones de pesos de las observaciones originales fueron objeto de este proceso de regularización, reduciendo significativamente la cantidad pendiente antes de la actual acusación penal.
El contexto de estas acusaciones se enmarca en la trayectoria política de Moreno Cárdenas, quien gobernó Campeche del 15 de septiembre de 2015 al 13 de junio de 2019, fecha en que dejó el cargo para contender y obtener la dirigencia nacional del PRI, posición que mantiene hasta la fecha complementada con su cargo como senador. La decisión de la Comisión Instructora de posponer el análisis del desafuero busca, según lo expresado por Hugo Eric Flores, no entorpecer la discusión legislativa de la reforma electoral conocida como ‘Plan B’.
La reactivación del proceso de desafuero coloca a la Cámara de Diputados ante la necesidad de definir el futuro inmunidad parlamentaria del líder tricolor, mientras la opinión pública y los actores políticos monitorean la resolución de un caso que combina acusaciones penales específicas con un amplio historial de cuestionamientos sobre la gestión de recursos públicos en el estado de Campeche.
