Ciudad De México, 30 de marzo de 2026.- Familias y organizaciones dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas exigió al Gobierno federal transparentar la metodología empleada para la depuración de cifras en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPDNO).
El 27 de marzo, funcionarios federales presentaron en Palacio Nacional las cifras oficiales estableciendo un total de 130 mil 178 registros para el periodo de 2026 a la fecha. De esa cifra, 46 mil 742 corresponden a expedientes con datos insuficientes para iniciar investigaciones; 40 mil 308 son casos con actividad posterior a la desaparición; y 43 mil 128 no presentan actividad, de los cuales 3 mil 869 están relacionados con carpetas de investigación.
Un día después, el Contingente Contra las Desapariciones LGBTTTIQ+, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) y la Unión y Red Nacional de Búsqueda de Personas-RIAPD emitieron un comunicado conjunta manifestando su preocupación ante la actualización del registro.
En el documento, las organizaciones warneron que “el uso de criterios meramente burocráticos para dimensionar la crisis corre el riesgo de minimizar la dimensión real del delito”. Agregaron que “una base de datos sustentada principalmente en la denuncia penal ignora la realidad de las fiscalías en México, así como el subregistro derivado de la desconfianza a las instituciones y la falta de condiciones de seguridad para denunciar”.
Grace Fernández, de Búscame Buscando Desaparecidos México, lamentó que las autoridades tampoco presentaran las acciones que realizarán para obtener más información sobre los más de 46 mil casos sin datos suficientes. “Es negar la responsabilidad que tiene el Estado”, afirmó.
Jorge Verástegui, activista que busca a su hermano Antonio y a su sobrino Antonio de Jesús, desaparecidos en 2009, reconoció que el jueves pasado hubo una reunión en la Secretaría de Gobernación a la que se convocó a un grupo de familiares, pero señaló que “no son representativos de plataformas o movimientos amplios”.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez indicó que acotar a 43 mil 128 el número de desaparecidos “reduce la dimensión de la crisis”. María Luisa Aguilar, directora de la organización, recordó que la base de datos, que surgió desde 2017, se nutre de información de fiscalías, comisiones locales y reportes de las familias.
