Por Redacción
Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- A un año de la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el nuevo órgano sucesor, Transparencia para el Pueblo, muestra una drástica reducción en su capacidad de respuesta, con una caída superior al 88% en la resolución de recursos de revisión en comparación con el desempeño de la institución anterior. En paralelo, surge una controversia legal entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Órgano Interno de Control (OIC) respecto a la transparencia de un contrato de videovigilancia, donde las autoridades divergen sobre si la información pone en riesgo la seguridad nacional.
De acuerdo con cifras oficiales, desde marzo de 2025 hasta la fecha, Transparencia para el Pueblo ha resuelto 5,921 recursos de revisión. Este volumen contrasta severamente con los 53,233 recursos que el INAI resolvió durante todo el año 2024. La diferencia es aún más marcada si se considera que, únicamente en el primer trimestre de 2025 (enero a marzo), el extinto instituto procesó más de 8,000 solicitudes, mientras que el nuevo organismo operó con un ritmo significativamente menor tras comenzar sus funciones en junio de 2025.
La disminución en la operatividad ha generado cuestionamientos sobre la eficacia del nuevo modelo de rendición de cuentas. Julieta del Río, excomisionada del INAI, señaló que no existe manera de evaluar el desempeño del nuevo órgano debido a la falta de datos públicos sobre su funcionamiento. Esta opinión se suma al contexto de la reforma a la Ley Federal de Transparencia que disolvió al INAI el 20 de marzo de 2025, entidad que en su último año de vida recibió un millón de solicitudes de información.
En otro frente relacionado con la transparencia, el medio de comunicación La Silla Rota interpuso un recurso de revisión para exigir la publicación del contrato INE/050/2025, mediante el cual el organismo electoral adquirió más de 300 cámaras de seguridad para ocho edificios y 32 juntas locales. El INE intentó reservar esta información por un periodo de cinco años, argumentando que su equipo de seguridad no se había actualizado desde 2008 y que revelar los detalles pondría en riesgo a su personal ante la violencia actual.
Sin embargo, el Órgano Interno de Control (OIC) revocó dicha reserva. En su determinación, el OIC estableció que el contrato no revela aspectos técnicos ni detalles de infraestructura que puedan poner en riesgo la seguridad nacional, ni la vida, seguridad o salud de persona física alguna. Esta decisión marca una contradicción directa entre la justificación de seguridad esgrimida por el INE y la evaluación técnica del órgano de control interno, obligando al instituto electoral a transparentar los detalles de la adquisición realizada con la empresa Verkada.
La situación actual refleja un escenario de tensión entre la reducción de la capacidad resolutiva en materia de acceso a la información y los debates sobre los límites de la reserva de datos en instituciones autónomas. Mientras no se especifican los costos exactos que el INE deberá hacer públicos ni el volumen total de solicitudes recibidas por Transparencia para el Pueblo desde su creación, la discrepancia sobre qué constituye un riesgo de seguridad nacional queda establecida como un precedente en la nueva arquitectura de transparencia del país.
