Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes una reforma constitucional que permite la cadena perpetua, una medida impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele como parte de su estrategia de seguridad. La iniciativa, presentada con 57 firmas, recibió 59 votos a favor y uno en contra en una sesión plenaria donde el oficialismo, con el partido Nuevas Ideas, tiene un control abrumador. La reforma, que rompe con una prohibición histórica en la Carta Magna salvadoreña, aún debe ser ratificada en una futura sesión legislativa para entrar en vigencia.
El proceso de aprobación fue rápido y sin un debate previo en comisiones, según reportes de medios locales. La ministra de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, y la diputada oficialista Suecy Callejas fueron algunas de las figuras que defendieron la medida. El presidente de la cámara, Ernesto Castro, también respaldó la iniciativa. La votación refleja el amplio dominio del partido de gobierno, que cuenta con 60 diputados en total, aunque según algunos reportes, dos legisladores de oposición también habrían votado a favor.
Esta reforma se enmarca en el contexto del régimen de excepción vigente en El Salvador desde marzo de 2022, el cual ha sido prorrogado en múltiples ocasiones para combatir a las pandillas y el crimen organizado. La medida de la cadena perpetua forma parte de un paquete más amplio de reformas a leyes penales que el gobierno busca implementar. La constitución salvadoreña, hasta ahora, prohibía expresamente las penas perpetuas, por lo que este cambio representa una transformación significativa en el sistema penal del país.
Para que la reforma entre definitivamente en vigor, la Asamblea Legislativa debe realizar una segunda votación de ratificación en una sesión plenaria posterior. No se ha especificado una fecha concreta para este siguiente paso. La aprobación inicial ha generado reacciones tanto a favor, desde sectores que apoyan la mano dura contra la criminalidad, como críticas desde organizaciones de derechos humanos que advierten sobre el endurecimiento extremo de las penas.
El gobierno de Bukele ha justificado la necesidad de la cadena perpetua para los delitos más graves, argumentando que es una herramienta necesaria para garantizar la seguridad ciudadana. Esta política se alinea con la narrativa de “guerra contra las pandillas” que ha caracterizado a su administración. La implementación final de la pena perpetua marcaría un punto de inflexión en la historia jurídica de El Salvador, consolidando un modelo de seguridad basado en medidas de máxima severidad.
