Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que establece un tope a las pensiones del personal de confianza en el sector público, limitando los montos a la mitad de la remuneración del titular del Ejecutivo federal. La modificación al artículo 127 de la Constitución, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue validada previamente por el Senado de la República y ahora requiere la ratificación de los congresos locales para su entrada en vigor.
De acuerdo con los datos de la votación registrada en la cámara baja, la iniciativa contó con 458 votos a favor, sin registros de votos en contra o abstenciones en el marcador final presentado por la autoridad legislativa. Por su parte, el Senado había aprobado el proyecto con 109 votos a favor y seis abstenciones. El objetivo central de la enmienda es poner fin a las llamadas “pensiones doradas” en organismos y entidades gubernamentales.
El monto máximo permitido para estas jubilaciones se fijó en aproximadamente 70,000 pesos mensuales, cifra que corresponde al 50 por ciento del sueldo de la Presidenta. Durante el proceso legislativo, legisladores de Morena defendieron la medida como una corrección necesaria a privilegios históricos que representan una carga desproporcionada para el erario nacional. Pedro Haces Barba, diputado morenista, participó en la defensa de la iniciativa ante el pleno.
A pesar de la aprobación unánime en los marcadores oficiales, existieron posturas críticas durante el debate. Rubén Moreira, coordinador del grupo parlamentario del PRI, expresó inconformidad respecto a ciertas omisiones en el texto y advirtió sobre posibles riesgos de retroactividad, aunque su partido finalmente se sumó a la votación favorable. La discrepancia entre el respaldo al sentido de la reforma y las reservas sobre sus alcances específicos marcó la discusión en San Lázaro.
La medida ha generado reacciones entre grupos de trabajadores y jubilados. En accesos del Palacio Legislativo y en el Congreso de Baja California, se registraron protestas de personas que temen una aplicación retroactiva de la norma que afecte derechos adquiridos tras décadas de servicio. Victoria Bentley, lideresa de Unidos en la Defensa de ISSSTECALI, encabezó movilizaciones donde se expuso la preocupación por el impacto en pensiones de instituciones estatales.
Con esta aprobación en ambas cámaras del Congreso de la Unión, la reforma avanza hacia la etapa de validación por parte de las legislaturas de los estados. El proceso busca homogeneizar los techos salariales para el retiro de funcionarios de confianza en diversas entidades públicas, bajo el argumento de justicia social y equilibrio fiscal planteado por el gobierno federal.
