Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- La Jueza Primera de Distrito de Concursos Mercantiles, Nataly Pérez Hernández, admitió el concurso mercantil de TV Azteca, lo que otorga a la empresa protección legal ante sus acreedores para iniciar un proceso de reestructuración de deudas. De manera simultánea, en un tema paralelo, la subsidiaria Ganador TV Azteca SAPI de CV obtuvo un amparo concedido por un juez federal que ordena la reactivación de sus portales de apuestas, los cuales habían sido bloqueados por autoridades federales.
La admisión del concurso mercantil permite a la televisora operar bajo un esquema de protección mientras negocia con sus acreedores, quienes tienen un plazo de un año para alcanzar un acuerdo; de no lograrse, la compañía podría ser declarada en quiebra. Este proceso judicial impacta directamente un litigio que se lleva a cabo en una corte de Nueva York, donde los acreedores buscan cobrar una deuda por bonos con intereses que supera los 600 millones de dólares.
En el ámbito administrativo, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público figuran como autoridades involucradas en el contexto regulatorio de la empresa. La decisión de la jueza Pérez Hernández establece las bases para que TV Azteca, encabezada por Ricardo Salinas Pliego, presente un plan de reestructuración que evite la liquidación de sus activos.
Respecto al amparo obtenido por la unidad de negocio de apuestas, la resolución judicial responde al bloqueo de los portales Bet365 y Betano, ordenado previamente por sospechas de lavado de dinero. Aunque la investigación menciona al titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Germán Cruz Silva, no se especifica si fue él quien firmó la resolución concreta que concede la suspensión del bloqueo.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) es otra de las entidades vinculadas al entorno operativo de la empresa en medio de estos procesos legales. La reactivación de las plataformas de apuestas mediante el amparo representa un alivio operativo para la subsidiaria, mientras que la casa matriz enfrenta el desafío de consolidar un acuerdo financiero en el plazo de doce meses establecido por la ley de concursos mercantiles.
Estos dos movimientos judiciales marcan un momento crítico para el grupo empresarial, que deberá navegar simultáneamente la reorganización de su pasivo financiero internacional y la normalización de sus operaciones digitales en México bajo la supervisión de las autoridades competentes.
