Por Redacción
Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- La agenda nacional de salud y medio ambiente registró este viernes acciones simultáneas en tres frentes: la recepción de recomendaciones de la ONU para regular sustancias químicas peligrosas, la aplicación de más de 147 mil dosis de vacuna contra el sarampión en Coahuila y el aseguramiento de 25.11 toneladas de pesca ilegal en Ensenada por parte de la Secretaría de Marina.
Marcos A. Orellana, Relator Especial de la ONU sobre sustancias y desechos peligrosos, concluyó su visita al país con la recepción de 42 contribuciones destinadas a fortalecer la legislación local. Este esfuerzo se vincula con la iniciativa presentada por Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, que busca regular el uso de plaguicidas y químicos, un tema crítico ante el registro global de más de 142 millones de estas sustancias y los antecedentes de impunidad por daños ambientales como el derrame en el Río Sonora de 2014.
En el ámbito de la salud pública, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila intensificó su campaña de vacunación. Verónica Hernández Sandoval, enfermera supervisora de la institución, reportó la aplicación de más de 147 mil dosis contra el sarampión, una medida preventiva para contener posibles brotes en la región norte del país.
Paralelamente, fuerzas navales y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) ejecutaron un operativo en Ensenada, Baja California, donde aseguraron un cargamento de pesca ilegal valorado en más de 25 toneladas. El decomiso incluyó 2,100 kilogramos de buche de curvina y 23,010 kilogramos de pescado entero congelado de la misma especie, productos cuya comercialización está restringida para proteger la biodiversidad marina.
Estas acciones reflejan la coordinación entre diferentes dependencias federales para atender problemas estructurales de contaminación, prevención epidemiológica y conservación de recursos naturales. La iniciativa legislativa del PVEM espera ser discutida en el Senado para establecer marcos jurídicos más estrictos frente a la gestión de residuos tóxicos en el territorio mexicano.
