Washington D.C., 02 de abril de 2026.- Un año después de que Donald Trump anunciara el 2 de abril de 2025 aranceles generalizados del 10% y de hasta el 50% para países con mayor déficit comercial, el Supremo ha declarado ilegales los mal llamados aranceles recíprocos. Aunque Washington ha recaudado unos 264,000 millones de dólares con las tarifas, no ha logrado reducir el déficit comercial ni disparar la apertura de fábricas o atraer más inversión extranjera.
El presidente Trump justificó el giro comercial afirmando: “Nuestro país ha sido saqueado, expoliado, violado y robado”. En su momento, Brian Pannebecke, un trabajador jubilado del sector de la automoción, apoyó las políticas desde la rosaleda de la Casa Blanca diciendo: “Apoyamos al 100% las políticas arancelarias del presidente” y agregando: “Le estamos profundamente agradecidos y en seis meses o un año empezaremos a ver los beneficios”.
Los datos económicos muestran que Estados Unidos compra menos productos a China, pero Pekín no vende menos porque ha encontrado otros mercados. Mientras tanto, la Unión Europea ha firmado el acuerdo comercial con el Mercosur que llevaba décadas atascado. La economía estadounidense registra un crecimiento más débil, con 2.1% el año pasado frente al 2.8% de 2024.
En paralelo, la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) señala en un informe que México obstaculiza la participación de las empresas estadounidenses en el sector energético. El documento indica que las últimas reformas legales en México dan prioridad a las empresas estatales Pemex y CFE, impidiendo la inversión de las firmas estadounidenses.
El reporte de la USTR detalla: “Las empresas privadas que operan en México a menudo no pueden participar de manera efectiva, o incluso no participar en absoluto, en el sector energético mexicano debido a las frecuentes demoras, los rechazos inexplicables o injustificados y la inacción respecto a las solicitudes de nuevos permisos o modificaciones de los existentes”.
Estos cambios normativos imponen nuevas restricciones a los permisos de combustible, reducen la vigencia de los permisos de importación de 20 a 5 años y la de los permisos de comercialización de 30 a 2 años, medidas que no se aplican a Pemex. Esta política marca un contraste con 2014, cuando durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se abrió el sector a la inversión privada, y con 2018, cuando con la llegada de Andrés Manuel López Obrador la política energética dio un giro de 180 grados para centrarse en las actividades estatales.
