Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó este martes la nueva Ley Federal de Cine y Audiovisual con 466 votos a favor, tras una discusión que duró hora y media. La legislación, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, sustituye el marco normativo vigente desde 1992 y establece nuevos mecanismos de fomento para la producción nacional, incluyendo obligaciones para las plataformas digitales y beneficios fiscales.
Entre los puntos centrales de la normativa destaca la imposición de una cuota mínima del 10 por ciento de tiempo de exhibición para cine mexicano en salas comerciales. Asimismo, se amplía el tiempo de proyección obligatorio de las películas nacionales, el cual pasa de 7 a 14 días. Estas medidas buscan garantizar una mayor presencia del contenido local en la cartelera cinematográfica del país.
Para incentivar la realización de proyectos, la ley contempla un crédito fiscal de hasta el 30 por ciento del gasto realizado en territorio nacional. No obstante, se establece un tope de 40 millones de pesos por proyecto para el acceso a este beneficio. La iniciativa fue presentada por el ejecutivo federal y dictaminada por la Comisión de Cultura y Cinematografía.
Alma Lidia de la Vega, diputada de Morena y presidenta de la comisión dictaminadora, encabezó los trabajos legislativos que culminaron con esta aprobación en primer intento. Durante la sesión, también participó el diputado Pedro Haces, miembro del mismo partido político, en la discusión de los alcances de la reforma que busca actualizar la industria tras más de tres décadas sin cambios estructurales.
La legislación incluye disposiciones específicas que obligan a las plataformas de streaming a promover el catálogo nacional, aunque los detalles operativos de dicha aplicación serán definidos en la reglamentación correspondiente. La norma distingue entre producciones cinematográficas y audiovisuales para efectos de los apoyos y cuotas establecidas.
Tras su aprobación en el recinto de San Lázaro, el documento será turnado al Senado de la República para su análisis y, en su caso, validación definitiva. De ser aprobado por la cámara alta y promulgado, el nuevo ordenamiento entrará en vigor en la fecha que determine el texto final, marcando el fin de la ley de 1992 que regulaba la materia hasta ahora.
