Por Redacción
Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- Organizaciones de derechos humanos y activistas documentan un patrón regional de represión estatal que incluye desapariciones forzadas, deportaciones masivas sin debido proceso y confiscación de bienes a opositores políticos en Argentina, Venezuela, Nicaragua y El Salvador, según denuncias presentadas en marzo de 2026.
Human Rights Watch, a través de su dirigente Juanita Goebertus, ha emitido comunicados oficiales sobre las violaciones sistemáticas reportadas en la región. Las organizaciones señalan que los gobiernos de Javier Milei en Argentina, Nicolás Maduro en Venezuela, Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, y el gobierno de El Salvador mantienen políticas que vulneran garantías individuales.
En Argentina, datos oficiales indican que 5.000 personas no fueron admitidas o fueron expulsadas del país entre enero y febrero de 2026. Durante 2024, 620 personas fueron deportadas desde Argentina, lo que representa 40% más que el año anterior. La Ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, ha realizado anuncios relacionados con estas políticas migratorias endurecidas.
El caso de El Salvador presenta desapariciones de deportados. once salvadoreños deportados desde Estados Unidos han sido reportados como desaparecidos, incluyendo a César Humberto López Larios, conocido como El Greñas. Más de 9.000 salvadoreños fueron deportados desde Estados Unidos en 2025, de los cuales 10% tenía antecedentes penales. Más de 250 venezolanos también fueron deportados desde Estados Unidos.
En Venezuela y Nicaragua, opositores políticos como William Dávila, Enrique Márquez, Lilian Tintori y Leopoldo López han sido objeto de confiscación de bienes. El dirigente chavista Carlos Brenes figura como desaparecido. Activistas como Amaru Ruiz y Thelma Brenes, familiar de víctima, han presentado testimonios sobre las violaciones reportadas.
Existen contradicciones en las acusaciones oficiales. El gobierno de Estados Unidos y El Salvador acusan a deportados de ser miembros de pandillas como MS-13, pero familias de los afectados y Human Rights Watch niegan esa condición. No se presenta evidencia pública que vincule al resto de deportados desaparecidos con pandillas, más allá de El Greñas.
El contexto regional incluye desmantelamiento de políticas de memoria en Argentina, protestas socioambientales lideradas por mujeres como Macarena Limousin en Mendoza, y endurecimiento de políticas migratorias argentinas inspiradas en el modelo de Donald Trump. La economista Mercedes D’Alessandro ha sido mencionada entre los involucrados en las denuncias regionales.
