Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que absolvió a Pío López Obrador en el caso de los videos donde aparece recibiendo dinero en sobres amarillos, mientras Carlos Loret de Mola calificó la decisión como una venganza del régimen y denunció que las instituciones del Estado se han alineado para exonerarlo.
Durante su conferencia matutina, la mandataria federal señaló que el TEPJF ya determinó que no se cometió ningún delito. “Pues ya dijo el Tribunal Electoral que no cometió ningún delito”, afirmó Sheinbaum, quien añadió que corresponde al tribunal electoral revisar si hubo violación a las leyes electorales y que hay que ver con base en qué hizo esta resolución.
Por su parte, Carlos Loret de Mola, quien dio a conocer los videos a través de LatinUS en 2020, denunció públicamente que esta decisión representa una venganza del régimen. El periodista sostuvo que todas las instituciones del Estado relacionadas al caso se han alineado para exonerar a Pío López Obrador, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Los videos donde Pío López Obrador recibe dinero en sobres amarillos fueron grabados por David León y difundidos por Carlos Loret de Mola en LatinUS en 2020. Según las fuentes, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador había dicho que ese dinero era para Morena, el partido político que fundó y lideró durante más de dos décadas.
Como consecuencia de la difusión de este material, se presentaron demandas por daño a la imagen contra LatinUS y Carlos Loret de Mola por 200 millones de pesos cada una. El periodista ha denunciado riesgos a su seguridad en relación con este caso que ha mantenido tensión política desde su origen.
Medios como López-Dóriga Digital han publicado análisis críticos sobre la resolución, señalando que un tribunal constitucional a la medida absolvió a Pío López Obrador de lo que, en los hechos, era inabsolvible. Esta postura contrasta con la posición oficial del gobierno federal que respeta la resolución del tribunal electoral.
La controversia mantiene abiertas las discusiones sobre la independencia de las instituciones electorales y judiciales en México, mientras las partes involucradas mantienen sus posiciones encontradas sobre la legitimidad de la absolución y las acusaciones originales por recepción de dinero en efectivo.
