Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió sentencia contra el Estado mexicano determinando su responsabilidad internacional por la violación sexual, tortura y muerte de Ernestina Ascencio Rosario, ocurridas en febrero de 2007 en Veracruz, así como por la falta de acceso a la justicia para sus familiares, hecho que fue reconocido mediante un comunicado oficial de la Secretaría de Gobernación (Segob) este miércoles.
El tribunal internacional estableció que las autoridades vulneraron los derechos a la vida, a la integridad personal y a la salud de la mujer indígena náhuatl, quien falleció a los 73 años de edad tras sufrir graves lesiones. Asimismo, la sentencia destaca que el Estado contravino las garantías judiciales y el principio de igualdad y no discriminación, al cerrar el expediente prematuramente sin agotar las líneas de investigación necesarias para identificar a los responsables.
Como parte de las medidas de reparación integral ordenadas, México deberá llevar a cabo una investigación penal en un plazo razonable para identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables materiales e intelectuales de los hechos. Además, el Estado está obligado a brindar atención médica y psicológica gratuita a los hijos de Ascencio, otorgarles becas educativas y realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
La resolución también dispone la creación de un registro nacional de traductores para los servicios de salud, con el fin de garantizar el acceso a la justicia y la atención adecuada a personas hablantes de lenguas indígenas. Estas disposiciones buscan prevenir la repetición de violaciones similares y abordar la falta de perspectiva de género e interseccionalidad que marcó el caso original.
Los hechos ocurrieron cuando Ernestina Ascencio salió a pastorear un grupo de ovejas en la sierra de Zongolica, en la localidad de Tetlatzinga, Veracruz. Tras varias horas sin regresar, su familia salió en su búsqueda y una de sus hijas la encontró seriamente herida cerca de un campamento militar. La mujer acusó a elementos del Ejército de haberla agredido, pero las autoridades determinaron en su momento que no existían pruebas suficientes, dejando el caso en impunidad durante nearly dos décadas.
Con la aceptación de la condena por parte del gobierno federal, se inicia la fase de cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Corte IDH. La Secretaría de Gobernación tendrá la tarea de coordinar las acciones necesarias para implementar las medidas de no repetición y reparación ordenadas por el tribunal, marcando un precedente en la lucha contra la violencia de género y la discriminación hacia pueblos originarios en México.
