Por Redacción
Almoloya De Juárez, 21 de julio de 2026.- Un juez dictó prisión preventiva contra Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, señalado de participar en un esquema de huachicol fiscal. La titular de la FGR, Ernestina Godoy, describió el caso como “la mayor red de huachicol fiscal detectada en México”.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Ruffo Appel de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, con un daño estimado a la Hacienda Pública de más de 4 mil millones de pesos. El exmandatario fue detenido en Ensenada, Baja California, por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Ernesto Ruffo deberá cumplir la prisión preventiva en el Cefereso 1, conocido como penal del Altiplano. Durante la audiencia inicial, que se desarrolló de manera virtual y a puerta cerrada restringiendo el acceso a los medios, el exgobernador compareció por videoconferencia desde la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Su defensa se acogió a la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica.
La FGR informó que se presentaron casi una centena de datos de prueba contra el exmandatario y otros siete acusados. Entre las evidencias destacan alrededor de un centenar de cajas de cartón que resguardan miles de documentos, incluyendo estados de cuenta bancarios, registros financieros, información contable y expedientes relacionados con las empresas investigadas.
Según la investigación, la estructura comenzó a operar a través de una empresa vinculada con actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos, fundada por Ruffo Appel. La red utilizaba carros-tanque de ferrocarril para sus operaciones y declaraba solo el 10% de la capacidad real de cada unidad.
La FGR explicó que, al ampliar las investigaciones en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas, entre enero y julio de 2025 detectaron que la organización investigada “habría realizado 4 mil 238 operaciones de importación” a través de las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas. El análisis de dichas operaciones permitió “estimar un perjuicio a la Hacienda Pública de más de 4 mil millones de pesos, derivado de la introducción irregular de combustibles y de la omisión en el pago de las contribuciones correspondientes”.
La dependencia detalló que lo anterior representa un esquema de contrabando de hidrocarburo, el cual consiste en introducir combustible al país “mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas, es decir, que se reporta menos de lo que realmente se transporta o se declara como si fueran otros productos para evadir impuestos”.
