Ciudad De México, 22 de junio de 2026.- El gobierno mexicano ha solicitado más pruebas a Estados Unidos respecto a los señalamientos contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, tras existir un expediente estadounidense en su contra y la de nueve cómplices por presuntos vínculos con el narcotráfico. La Fiscalía General de la República (FGR) indicó que, con la información actual, no observa elementos suficientes para proceder a una detención provisional urgente del funcionario.
Ante este escenario, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, pidió que no se olvide el caso y exigió que Rocha Moya sea entregado a la justicia. La mandataria afirmó que México atraviesa una crisis de confianza internacional que pone en riesgo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). “Amar a México y defender nuestra verdadera soberanía es exigir que se cumpla la ley, que se entregue a Rocha Moya y a sus cómplices y que se investigue públicamente a los demás acusados”, declaró Campos.
La postura de la gobernadora de Chihuahua contrasta con la situación legal que ella misma enfrenta. Maru Campos está siendo investigada por la FGR debido a la presencia de agentes estadounidenses en un operativo de seguridad realizado en su estado. En dicho operativo antinarcóticos murieron cuatro personas, entre ellas dos agentes estadounidenses identificados como integrantes de la CIA, cuya participación operativa no había sido informada al gobierno mexicano.
El oficialismo ha acusado a la oposición de utilizar el caso de Rocha Moya con fines políticos y señala a Maru Campos por violar leyes mexicanas y la soberanía nacional al permitir injerencias desde el exterior. A pesar de ser investigada por estos hechos, Campos defendió su posición afirmando: “Estoy total en contra de cualquier intervención militar unilateral en México. Mi compromiso con la soberanía de mi país es total y no admite matices”.
Además de la investigación por la presencia de agentes extranjeros, registros indican que Maru Campos fue vinculada a proceso en 2021 por el presunto delito de cohecho relacionado con la ‘nómina secreta’ del exgobernador César Duarte. Mientras tanto, persisten las posturas opuestas dentro del país: mientras el gobierno federal pide más evidencias a Washington, la gobernadora de Chihuahua insiste en la entrega inmediata del gobernador sinaloense.
