Bogotá, 22 de junio de 2026.- Durante un panel sobre tendencias electorales en América Latina realizado en esta ciudad, el académico Daniel Zovatto y la magistrada Mónica Soto, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sostuvieron un intercambio de posturas respecto a la distribución de diputaciones plurinominales tras las elecciones federales de 2024 en México.
Zovatto señaló que Morena obtuvo una mayoría legislativa superior a la que reflejaban los resultados electorales. El experto consideró que hubo una sobrerrepresentación del partido oficialista debido a una interpretación específica de los resultados. “Morena, gracias a una interpretación de los resultados electorales, terminó teniendo un nivel de mayorías significativamente más alto que el que electoralmente le dio”, afirmó Zovatto.
Por su parte, la magistrada Mónica Soto defendió la actuación del Tribunal Electoral y rechazó que existiera una interpretación distinta a la prevista en la Carta Magna. Soto sostuvo que el TEPJF aplicó la fórmula constitucional utilizada durante años en procesos electorales previos. “El Tribunal Electoral aplicó íntegra y textualmente la Constitución. Es un argumento falaz”, respondió la funcionaria ante las críticas.
Zovatto insistió en que la resolución generó un amplio debate público y jurídico, calificando la sentencia como una de las decisiones electorales más controvertidas de los últimos años. Según el académico, la controversia se debió a la interpretación del límite de sobrerrepresentación previsto en el artículo 54 constitucional.
Horas después del encuentro, Zovatto publicó un mensaje en su cuenta de X para explicar los argumentos de su postura. En dicho texto, expuso que la sentencia cerró la vía jurisdiccional y permitió al bloque oficialista impulsar cambios legislativos mayores. “La sentencia cerró la vía jurisdiccional, permitiendo al bloque oficialista de Morena impulsar reformas constitucionales de gran calado y altamente controversiales, aprovechándose de la súper mayoría que le concedió la mencionada sentencia”, escribió.
La magistrada reiteró que la resolución se sustentó en disposiciones constitucionales vigentes y en criterios previamente aplicados por las autoridades electorales mexicanas, manteniendo su defensa sobre la legalidad del proceso de asignación de escaños.
