Topolobampo, 16 de junio de 2026.- Comunidades indígenas mayo-yoreme y colectivos ambientales clausuraron simbólicamente los accesos a la planta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa, exigiendo la suspensión definitiva del proyecto financiado por capital suizo-alemán. La toma de la instalación, propiedad de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial del grupo Proman, se llevó a cabo cerca de las 4:30 horas del lunes 15 de junio.
Felipe Montaño Valenzuela, gobernador indígena de Ohuira y vocero del movimiento, anunció previamente que ocuparían el sitio “hasta tener resultados”. Los manifestantes detuvieron los trabajos de construcción del complejo petroquímico, el cual lleva un 88% de avance y pretende producir 2,200 toneladas métricas diarias de amoniaco. Montaño Valenzuela advirtió que mantendrán el cerco permanente hasta conseguir la cancelación definitiva de los permisos federales, sentenciando: “Clausuran ustedes, o clausuramos nosotros”.
El conflicto por la planta de amoniaco y metanol inició en 2014. Los opositores señalan que el proyecto, financiado con 860 millones de dólares por el banco público alemán KfW IPEX-Bank, ha provocado ya el relleno de 28 hectáreas de humedales, la tala de manglares y la migración de parte de la fauna. La planta succionará 2,000 metros cúbicos de agua salada por hora para mantener frío el amoniaco, descargando en la bahía agua con una temperatura hasta tres grados superior a la original.
Un informe de la empresa alertó sobre posibles fugas de gas capaces de generar nubes tóxicas en un radio de 45 kilómetros, impactando a más de 40,000 personas. El colectivo ¡Aquí no! sostiene que el funcionamiento de la fábrica destruirá la pesca ribereña y pondrá en riesgo de intoxicación masiva a habitantes de Ahome y Mazatlán. Se estima que el proyecto afectaría a más de 6,600 indígenas de Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones y Juan José Río, ubicados en el humedal Santa María-Topolobampo-Ohuira, declarado sitio RAMSAR.
Ante la situación, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, se reunió en privado con representantes ejidales. Durante el encuentro, la funcionaria afirmó que “ninguna autorización ambiental previa constituye un cheque en blanco para las empresas transnacionales” y confirmó que la Semarnat inició una revisión técnica y científica exhaustiva. Mientras tanto, ambientalistas mexicanos en Alemania realizaron marchas y bloqueos de vialidades para exigir al gobierno de ese país el retiro inmediato de los fondos públicos destinados al proyecto.
Felipe Montaño Valenzuela, identificado también como cobanaro de Ohuira, enfatizó la gravedad del asunto al declarar: “Estamos hablando de la muerte de la bahía y el desplazamiento de los pueblos originarios, porque esto va a generar un etnocidio y un ecocidio”.
