Monterrey, 13 de junio de 2026.- La Comisión Anticorrupción del Congreso Local de Nuevo León aprobó este viernes iniciar un juicio político contra el gobernador Samuel García Sepúlveda. La decisión se tomó durante una sesión extraordinaria con seis votos a favor de legisladores del PAN, PRI y una diputada de Morena, quienes determinaron que existen elementos suficientes para dar trámite al procedimiento en contra del mandatario emanado de Movimiento Ciudadano.
El juicio político se sustenta en presuntos actos de triangulación de recursos públicos mediante empresas relacionadas con el gobernador, así como por acusaciones de corrupción. Mientras la información recabada señala montos que van desde casi mil millones hasta cerca de 3,000 millones de pesos hacia despachos vinculados con familiares del mandatario, la resolución de la comisión indica que “los elementos de prueba agregados a la denuncia permiten presumir la existencia de la infracción y la probable responsabilidad del denunciado”.
La denuncia que dio origen a este proceso fue presentada formalmente por la dirigente estatal de Morena, Anabel Alcocer. Tras la aprobación del inicio del juicio, la Comisión Anticorrupción acordó citar a comparecer a Samuel García el próximo martes 23 de junio a las 16:00 horas en el edificio legislativo.
De acuerdo con la resolución emitida por la Comisión, “se instruye a la Oficialía Mayor para que a través de la Dirección Jurídica del Congreso, se emplace al denunciado para que informe a esta Comisión lo que a su derecho convenga”, corriéndole traslado con copias de la denuncia. El gobernador podrá hacer acto de presencia, remitir sus comentarios mediante su abogado o presentar sus argumentos mediante un representante legal.
Además de la citación para comparecer, se otorgará al gobernador un plazo de 15 días hábiles para ejercer su derecho de defensa y presentar la documentación que considere pertinente. Una vez realizada la comparecencia o vencido el plazo, el expediente será turnado al pleno del Congreso para su dictaminación final.
Para que el juicio político prospere y proceda la destitución, el caso necesitará el respaldo de una mayoría calificada en el pleno legislativo, lo que equivale a al menos 28 de los 42 votos que integran la Legislatura local. Actualmente, Movimiento Ciudadano cuenta con 10 escaños, mientras que la oposición suma una mayoría holgada repartida entre PAN, PRI, Morena, Partido Verde y PT.
