Ciudad De México, 09 de junio de 2026.- El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) anunció este lunes que busca revocar la ciudadanía estadounidense a 17 personas naturalizadas acusadas de cometer fraude durante sus procesos migratorios y de haber incurrido en delitos graves. Entre los afectados se encuentra Andrea Marroquín, de 44 años, hija de un importante narcotraficante colombiano.
Según la investigación, Andrea Johana Marroquín Rubiano obtuvo la residencia permanente en Estados Unidos ocultando un matrimonio bígamo con un ciudadano estadounidense. Posteriormente, adquirió la ciudadanía por naturalización en 2009 tras ocultar sus delitos. Entre 2003 y 2011, la colombiana supuestamente participó en una conspiración para cometer fraude electrónico y bancario, así como lavado de dinero, utilizando fondos procedentes del narcotráfico de su difunto padre para financiar transacciones inmobiliarias fraudulentas en Miami, Florida.
La justicia estadounidense ha presentado cuatro demandas contra la inmigrante para revocar su ciudadanía. Aunque no han citado el nombre del padre de la acusada, los datos aportados en una audiencia por cargos de lavado de dinero y fraude bancario señalan que era un “conocido capo de la droga colombiano” que fue asesinado en 1998 o 1999. Se alega que la acusada heredó ganancias del narcotráfico que ascendían a decenas de millones de dólares. Además, se menciona que su tío, con quien mantenía una estrecha relación, también era un importante narcotraficante condenado por fraude hipotecario en una corte federal de Florida.
El DOJ también ha acusado a otros 16 naturalizados originarios de países como Cuba, México, Jamaica, India, China, Filipinas, Haití y Somalia. Las acusaciones contra este grupo incluyen delitos como abuso sexual a un menor, fraude bancario y narcotráfico. La Administración de Donald Trump, que regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, ha impulsado esta ofensiva como parte del endurecimiento de sus políticas migratorias.
En caso de que prosperen estos procedimientos legales, las personas afectadas regresarían a su estatus migratorio previo y perderían todos los derechos asociados a la ciudadanía estadounidense, incluida la protección frente a la deportación. El fiscal general interino, Todd Blanche, declaró: “Cuando los extranjeros con antecedentes penales se aprovechan del proceso de naturalización infringiendo la ley, hay consecuencias”.
Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, enfatizó: “La ciudadanía estadounidense es un privilegio y debe ganarse honestamente. Si vienes aquí, infringes nuestras leyes y mientes en tus procedimientos migratorios, pierdes ese privilegio”, añadiendo que el objetivo es evitar que “los estadounidenses sean perjudicados por criminales”.
