Washington, 28 de mayo de 2026.- Estados Unidos reintrodujo el miércoles las sanciones contra Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados. La lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) ha sido actualizada para incluir el nombre de Albanese entre los sancionados, una medida que le impide utilizar las principales tarjetas de crédito o realizar transacciones bancarias.
La reintegración a la lista negra global ocurre apenas una semana después de que la Administración de Donald Trump hubiera retirado las sanciones. La decisión fue posible tras ser frenada el pasado viernes por un tribunal de apelaciones, que concedió medidas cautelares solicitadas por el Gobierno estadounidense mediante una moción de urgencia presentada ante el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia.
Previamente, un juez federal de Washington había suspendido las medidas impuestas en 2025 por el Gobierno del republicano contra la jurista italiana. En la decisión publicada el pasado día 13, el magistrado concluía que la Administración de Trump probablemente violó su derecho a la libertad de expresión, señalando que la relatora hizo “más que hablar”.
Sin embargo, el pasado viernes, un panel formado por tres magistrados emitió una suspensión administrativa de la resolución del juez federal. Con esta suspensión, el Gobierno estadounidense pudo volver a aplicar la designación de Albanese como nacional extranjera sancionada. La orden del tribunal de apelaciones indicó que la medida era de carácter procesal y “no debe interpretarse de ninguna manera como un fallo sobre el fondo” de la apelación.
La medida es una represalia por las críticas de la jurista italiana a la ofensiva israelí en la franja de Gaza y al trato que somete a los palestinos. La primera vez que el Gobierno Trump impuso sanciones contra Albanese fue en julio de 2025, dentro de un conjunto de sanciones aplicadas también a 11 jueces, fiscales y juristas del Tribunal Penal Internacional (TPI). En aquella ocasión, el Ejecutivo justificó su decisión alegando que era una respuesta a las iniciativas de Albanese para que el TPI juzgara a funcionarios, empresas y ejecutivos estadounidenses e israelíes.
El caso fue presentado por el esposo de Albanese, Massimiliano Cali, quien actúa también en nombre de la hija de ambos, que es menor de edad. Cali y su hija, que tienen ciudadanía estadounidense, podrán ahora apelar la moción de urgencia.
