Ciudad De México, 28 de mayo de 2026.- La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) advirtió sobre nuevos ataques a la independencia judicial y señaló que la concentración del poder representa el riesgo principal para los derechos humanos. La organización afirmó que seguirá con su defensa del sistema de justicia profesional ante los recientes intentos de desmantelarlo.
En un comunicado, la Jufed aseveró que “cualquier reforma que someta la justicia a criterios políticos o electorales vulnera los estándares internacionales de protección de derechos humanos”. Los integrantes del Poder Judicial, tanto en activo como en retiro, destacaron que no responden a intereses facciosos y que su compromiso ético es con la división de poderes. “Defender la independencia judicial es defender la libertad de cada ciudadano frente a la concentración autoritaria del poder”, indicaron.
La asociación subrayó que el Juicio de Amparo constituye el “último baluarte” que tiene el ciudadano para defenderse de la arbitrariedad estatal. “Debilitar estas instituciones no es democratizar la justicia, es dejar a la sociedad en un estado de indefensión”, expresaron. Asimismo, exigieron que se atiendan las condiciones de quienes imparten justicia y se cuente con perfiles experimentados sin contaminación partidista.
Por otro lado, durante la discusión en lo particular de la reforma judicial en San Lázaro, quedó rechazada la propuesta de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero. Su reserva planteaba que los comités de evaluación se integraran por personas con práctica profesional mínima de 10 años y reconocida trayectoria, con dos representantes de cada poder. También propuso que los Órganos de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina se renueven paulatinamente, y que para ser ministro de la Corte se requiera únicamente ciudadanía mexicana.
Sánchez Cordero manifestó que “no se pueden renunciar todos y no pueden quedarse y deben quedarse paulatinamente su renovación”. Propuso además que la Presidencia del Tribunal de Disciplina y del Órgano de Administración sea votada por sus pares cada dos años y no corresponda a la reelección.
En otro orden de ideas, un estudio del Instituto Nacional Electoral (INE) considera viable realizar votaciones en reclusorios para la elección de juzgadores en 2027. Consejeras electorales se pronunciaron por el uso de la urna electrónica para el voto en prisiones. Sin embargo, la consejera Norma de la Cruz advirtió que no hay garantías para ofrecer un sufragio informado a las personas en prisión preventiva.
“Si a la gente que está afuera no tuvimos suficiente tiempo para hacerle llegar la información, ¿cómo lo vamos a hacer para esta población?”, cuestionó Norma de la Cruz. La funcionaria añadió que esperan una reforma que permita cambiar la fecha del proceso para mejorar la manera de hacer campaña en los centros penitenciarios.
