Ciudad de Mexico, 15 de abril de 2026.- El Pleno del Senado aprobó por unanimidad con 109 votos a favor una reforma constitucional que faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes generales en materia de feminicidio. La reforma, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, avanzó a la Cámara de Diputados para su siguiente etapa legislativa.
El proyecto de decreto modifica el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución. El dictamen fue presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales y busca que el Congreso establezca, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones para el delito de feminicidio.
La reforma es necesaria debido a la dispersión normativa y criterios heterogéneos en el Estado federal que impiden una actuación uniforme frente al feminicidio. El propósito del proyecto es establecer bases para una legislación general que unifique criterios, homologue tipos penales y punibilidades, y defina estándares de investigación con perspectiva de género.
La senadora Beatriz Mojica Morga (Morena) expuso que la nueva ley busca poner orden, homologar el delito, las agravantes, las penas y obligar a las fiscalías a actuar de forma homogénea para frenar la impunidad. Por su parte, la senadora Sasil de León Villard destacó que la reforma es el marco para crear una Ley General que atienda el feminicidio, homologando penas y protocolos de investigación.
La senadora Cristina Ruíz Sandoval (PRI) se declaró a favor de la reforma. En su intervención, Óscar Cantón Zetina señaló: “Este Pleno no puede ser indiferente, hoy no hablamos sólo de leyes, hablamos de mujeres, de niñas, de madres, de hijas que ya no regresaron a casa, de familias, pues, que viven con una silla vacía, y de un Estado que no puede volver a fallar”.
Sasil de León Villard agregó: “Que tengamos la misma penalidad en Chiapas, que en Sonora o Michoacán. Que esta reforma constitucional sea el inicio de una batalla frontal contra los feminicidas y la impunidad que el actual marco les permite”. La ley secundaria buscará armonizar temas como las agravantes del delito, los tipos penales y una actuación homogénea de los ministerios públicos.
