Ciudad De México, 03 de abril de 2026.- El gobierno de México rechazó el informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre desapariciones, mientras el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) solicitó al secretario general de la ONU, António Guterres, que remita de forma urgente la situación a la Asamblea General.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que se trata de un informe tendencioso y señaló que es una decisión parcial y sesgada. El gobierno mexicano acusó que el informe se presentó con sesgos y omisión, pues no consideró los esfuerzos institucionales ni la información actualizada que proporcionó el Estado.
El gobierno de México reclamó que el informe se centra principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Además, criticó que no se haya considerado información actualizada entregada el 27 de marzo antes de la publicación del documento.
Por su parte, la decisión del CED fue publicada el 2 de abril de 2026. La información recibida por el organismo contiene indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad.
El gobierno de México argumentó que el procedimiento aplicado por el Comité está diseñado para contextos donde las cifras de desaparecidos son generalizadas y sistemáticas por parte del Estado, lo cual no corresponde a la realidad actual del país. No obstante, Juan Albán-Alencastro, presidente del Comité, señaló: “El derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las más altas esferas del Gobierno”.
El CED señaló que en algunos de los casos denunciados recibió información fundamentada que apuntaba a la participación directa de funcionarios públicos. México concentra el mayor número de acciones urgentes por desapariciones en el mundo, con 819, de las cuales 40 ocurrieron entre octubre de 2025 y marzo de 2026.
La organización civil Idheas señaló que ese escenario revela fallas estructurales en los sistemas de búsqueda implementados por el Gobierno. El Comité documentó casos específicos, como en Jalisco, donde las autoridades están relacionadas con los casos registrados en el Rancho Izaguirre.
