Ciudad De México, 28 de marzo de 2026.- El Gobierno de México presentó este viernes el informe actualizado del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en el cual se detalla que, al corte del 26 de marzo de 2026, existen 132 mil 534 personas con estatus de desaparecidas. La cifra forma parte de un total histórico de 394 mil 645 registros acumulados entre 1952 y 2026, de los cuales 262 mil 111 han sido localizados, lo que representa el 66 por ciento del universo registrado.
Durante la conferencia de prensa encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, junto a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, se desglosó la información de los hallazgos. De las personas localizadas, 240 mil 211 fueron encontradas con vida, equivalente al 92 por ciento de los ubicados, mientras que 21 mil 900 aparecieron sin vida, correspondiendo al 8 por ciento restante. En el periodo comprendido entre octubre de 2024 y marzo de 2026, se logró la localización de 31 mil 946 individuos.
El análisis de los casos activos revela una disparidad significativa dependiendo de la antigüedad del registro. De los 132 mil 534 desaparecidos vigentes, solo 2 mil 356 corresponden a casos previos a 2006. Por el contrario, 130 mil 178 registros son posteriores a ese año y mantienen estatus activo. Dentro de este grupo reciente, la autoridad clasificó los expedientes en tres categorías: 46 mil 742 casos carecen de datos suficientes para iniciar búsquedas efectivas; 40 mil 308 cuentan con datos y actividad posterior, de los cuales ya se ha ubicado a 5 mil 269; y 43 mil 128 tienen datos pero sin actividad reciente, situación en la que únicamente 3 mil 869 cuentan con una carpeta de investigación formalmente abierta.
La presentación de estas cifras se da en el contexto de la implementación de las reformas legales en materia de desaparición de personas aprobadas en 2025. Sin embargo, el informe ha generado cuestionamientos por parte de la oposición política y colectivos de búsqueda. Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, así como diversas organizaciones sociales, han exigido claridad sobre la metodología utilizada para clasificar los casos, específicamente respecto a la definición de “actividad posterior” y el destino de los miles de expedientes con datos insuficientes.
Las críticas se centran también en la brecha entre el número total de registros y la cantidad de carpetas de investigación activas, un indicador que organismos internacionales han asociado previamente con altos niveles de impunidad. Aunque el gobierno federal destacó el volumen de localizaciones recientes como un avance de su estrategia de seguridad y justicia, persiste la demanda de transparencia sobre los criterios técnicos aplicados para determinar el estatus de cada persona en el registro nacional.
