Torreón, 27 de marzo de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Coahuila reportó avances significativos en la investigación del llamado “Cártel Inmobiliario”, con 60 denuncias formales integradas y 12 órdenes de aprehensión giradas contra presuntos responsables de un fraude patrimonial que afecta a decenas de personas en la región de La Laguna. Sin embargo, los afectados mantienen su inconformidad y denunciaron tortuguismo en la atención, asegurando que la mayoría de los casos siguen sin resolverse.
El delegado regional de la Fiscalía, Carlos Rangel, informó que se ha establecido una estrategia de atención directa que incluye más de 20 sesiones de trabajo con las víctimas, quienes reportan un daño económico cercano a los 19 millones de pesos. Como resultado de estas acciones, el funcionario confirmó la detención de al menos dos mujeres involucradas y la reaprehensión de otra persona que había sido liberada previamente tras alcanzar un acuerdo reparatorio avalado por una víctima.
A pesar de los informes oficiales, los afectados expresaron su descontento durante una manifestación en las inmediaciones de la delegación regional. Alfonso Serrano, uno de los perjudicados, acusó al fiscal general Federico Fernández Montañez de negarles atención adecuada, citarlos a las 9:00 a.m. y atenderlos hasta las 7:00 p.m. sin obtener respuestas claras, además de no responder a las llamadas realizadas a un número personal proporcionado por la autoridad. Serrano sostuvo que las órdenes de aprehensión carecen de utilidad si no se ejecutan.
Existe una discrepancia notable entre la versión oficial y la percepción de las víctimas respecto al estatus legal de las carpetas. Mientras el delegado Rangel afirmó que la mayoría de los expedientes ya están integrados y judicializados, los denunciantes aseguran que, de las 60 denuncias presentadas, únicamente dos han logrado ser judicializadas. Reportes periodísticos locales indican que las víctimas exigen justicia y celeridad, bloqueando parcialmente la circulación para visibilizar su demanda.
Entre los principales señalados figura el exnotario Fernando Nicolás Muñoz Sanjuan, de quien las víctimas denuncian que huyó a España para evadir la acción de la justicia, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente por la Fiscalía. El delegado regional reconoció que aún falta la localización de dos personas consideradas organizadoras del esquema, quienes cuentan con órdenes de aprehensión pero han promovido amparos para evitar su captura.
La autoridad enfatizó que la ley se aplicará parejo, incluso si existen señalamientos sobre la participación de funcionarios estatales o municipales, aunque aclaró que para acreditar responsabilidades adicionales es necesario avanzar en los procesos judiciales en curso. La Fiscalía mantiene abiertas las puertas para recibir nuevas denuncias, dado que se tiene conocimiento de posibles víctimas que aún no se han sumado a la causa colectiva.
