Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo impulsó una iniciativa de Ley General contra el Feminicidio que propone establecer un tipo penal único a nivel nacional y sanciones de prisión de 40 a 70 años para este delito. La medida, presentada en la capital del país, tiene como objetivo principal homologar los criterios de investigación y persecución del crimen en todas las fiscalías de la República Mexicana.
De acuerdo con los planteamientos de la administración federal, la nueva legislación obliga al Ministerio Público a investigar de inicio cualquier muerte violenta de una mujer bajo la hipótesis de feminicidio. Esta disposición busca eliminar la discrecionalidad en las primeras etapas de las averiguaciones previas y garantizar que todos los casos sean abordados con la perspectiva de género correspondiente desde el primer momento.
Además de la unificación del tipo penal y el endurecimiento de las condenas, la iniciativa contempla sanciones específicas para la tentativa de feminicidio. El proyecto también incluye la creación de un registro nacional de orfandad destinado a dar seguimiento y protección a los hijos e hijas de las mujeres víctimas de este delito, reconociendo el impacto colateral de la violencia de género en los menores.
En la presentación de la estrategia estuvieron presentes figuras clave del sistema de justicia y seguridad, incluyendo a Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y a Ernestina Godoy, fiscal general de la República. También participó Ingrid Gómez, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, quien forma parte del equipo encargado de la implementación de las políticas públicas en la materia.
La propuesta legislativa representa un esfuerzo por estandarizar la respuesta del Estado mexicano ante los altos índices de violencia contra las mujeres. Al establecer una ley general, se pretende que las procuradurías de justicia estatales operen bajo los mismos protocolos y definiciones jurídicas, evitando las disparidades que actualmente existen entre las diferentes entidades federativas en cuanto a la clasificación y castigo de estos crímenes.
Con esta acción, el gobierno federal busca cerrar brechas en la impartición de justicia y ofrecer un marco legal más robusto para combatir la impunidad. La iniciativa será turnada al Congreso de la Unión para su discusión y eventual aprobación, marcando un paso central en la agenda de seguridad y derechos humanos de la actual administración.
