Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general el proyecto de reforma electoral conocido como ‘Plan B’, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aunque descartó uno de los puntos medulares de la iniciativa original: el adelanto de la revocación de mandato al año 2027. La sesión, celebrada el 25 de marzo, contó con la presencia de 128 legisladores, resultando en una votación de 87 sufragios a favor y 41 en contra.
La aprobación en lo general fue posible gracias al voto unido de las bancadas de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT). En sentido contrario se pronunciaron los senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. A pesar de formar parte de la coalición gobernante que permitió la mayoría calificada, el PT manifestó su negativa específica respecto a la modificación constitucional que habría permitido someter a la mandataria a una consulta popular tres años antes de lo previsto inicialmente.
El texto aprobado incorpora medidas de austeridad y reestructuración del sistema político. Entre los puntos validados destaca el establecimiento de un tope máximo de 15 regidurías por Ayuntamiento y la limitación del presupuesto de las legislaturas locales al 0.70 por ciento del gasto estatal correspondiente. Asimismo, se eliminan los seguros médicos privados, las pensiones privadas y los regímenes especiales de retiro para consejeros y magistrados electorales.
Otra de las disposiciones aceptadas contempla un recorte progresivo del 15 por ciento al presupuesto operativo del Senado. Durante la presentación en la sesión, el senador Oscar Cantón Zetina expuso los detalles de la iniciativa ante el pleno. Por su parte, dirigentes nacionales como Alberto Anaya y Alejandro Moreno Cárdenas han mantenido posturas públicas divergentes sobre el alcance y los objetivos finales de esta transformación legislativa.
La discusión reveló contradicciones sustanciales entre los actores políticos. Mientras el oficialismo presenta la reforma como un mecanismo para fortalecer la democracia y eliminar privilegios onerosos, sectores de la oposición y análisis preliminares advierten sobre posibles retrocesos democráticos y efectos financieros contraproducentes. Algunas estimaciones sugieren que la eliminación de bonos por trabajo extra durante los años electorales podría incrementar el gasto público al requerir nuevos mecanismos para garantizar los derechos laborales de los funcionarios electorales.
Con esta votación, la reforma avanza en sus aspectos relacionados con la integración de órganos legislativos y la reducción de costos operativos, pero deja fuera la modificación al calendario de la revocación de mandato. El proceso continuará ahora con la discusión y votación de los artículos en lo particular, donde se definirán los alcances finales de la nueva legislación electoral que regirá los comicios futuros.
