Mexicali, 25 de marzo de 2026.- Un juez penal vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, por su presunta responsabilidad en un contrato irregular para la construcción de una planta fotovoltaica. La decisión fue emitida tras una audiencia que inició el 23 de marzo a las 09:23 horas, donde la Fiscalía General del Estado acreditó elementos para investigar al exmandatario por actos de corrupción relacionados con la empresa Next Energy.
El magistrado Gerardo Anguiano Ceja determinó que existen indicios suficientes para someter a Bonilla a proceso legal. La acusación se centra en un contrato firmado por 4,500 millones de pesos con una vigencia de 30 años, mediante el cual se autorizó un pago inicial de 123 millones de pesos a la contratista Next Energy. Según los datos de la investigación, la empresa recibió dichos recursos pero nunca ejecutó la construcción de la planta de energía solar prometida.
Durante el procedimiento legal, la defensa del exgobernador, integrada por los abogados Humberto Velazco e Hiram Sánchez, presentó argumentos para contrarrestar las imputaciones de la fiscalía. Sin embargo, el juez consideró que la evidencia presentada por la autoridad estatal sobre el flujo de recursos y la falta de obra fue suficiente para dictar la vinculación a proceso, lo que implica que Bonilla enfrentará el resto del procedimiento penal bajo las medidas cautelares que se determinen.
Este caso judicial se desarrolla en un contexto de tensión política entre el exgobernador y la administración actual encabeza por Marina del Pilar Ávila. Bonilla, quien gobernó la entidad entre 2019 y 2021 bajo la bandera de Morena, actualmente se desempeña como dirigente del Partido del Trabajo (PT). La investigación sobre el contrato de la planta fotovoltaica ha sido señalada como parte de las auditorías y revisiones de la actual gestión estatal sobre obras del sexenio anterior.
La vinculación a proceso marca un nuevo capítulo en la situación legal de Bonilla Valdez, quien pasa de ser una figura política activa a un acusado formal por daños al erario estatal. La Fiscalía de Baja California continuará con la integración del expediente para determinar la magnitud total del perjuicio financiero y la participación de otros funcionarios o representantes legales de la empresa contratista en el esquema denunciado.
