Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Vivienda con 354 votos a favor y 95 en contra en una sesión celebrada en la capital del país, mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) genera controversia por destinar recursos a eventos sindicales después de cancelar donativos para becas educativas.
La reforma legislativa busca fortalecer el derecho a una vivienda adecuada, modificando el marco jurídico para ampliar las modalidades de tenencia y cambiar el término de “vivienda digna y decorosa” por “vivienda adecuada”, alineándose con estándares internacionales de derechos humanos.
En paralelo, el proyecto Viviendas del Bienestar en San Pedro contempla la construcción de 2,490 casas, como parte de los esfuerzos gubernamentales para atender el déficit habitacional en un contexto donde más del 55% de la población ocupada en México trabaja en el sector informal, limitando su acceso a créditos hipotecarios tradicionales.
La SCJN, bajo la presidencia de Hugo Aguilar Ortiz, destinó 1.5 millones de pesos al Sindicato del Poder Judicial en 2025 para eventos, mientras que entre 2021 y 2024 acumuló 10.2 millones de pesos en este tipo de erogaciones. Esta decisión contrasta con la cancelación de donativos para becas de la UNAM y la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia en el mismo año por falta de presupuesto.
En años previos, el máximo tribunal donó 7 millones de pesos a la UNAM y 3.4 millones a la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia en 2024, con un total de 32.5 millones de pesos en los últimos años, según registros institucionales.
En materia de justicia con perspectiva de género, la SCJN firma convenios para fortalecer la equidad, aunque su presidente reconoce que aún no se ha alcanzado la “equidad real” entre hombres y mujeres en México. En Quintana Roo, 62 de 117 cargos judiciales son ocupados por mujeres, reflejando avances parciales en la paridad de género dentro del sistema judicial.
La agenda legislativa y judicial muestra una dinámica descentralizada con acciones en múltiples espacios: Congreso de la Unión, SCJN, gobiernos estatales como el Congreso de Aguascalientes, y alcaldías como La Magdalena Contreras en la Ciudad de México, donde participan actores como la Secretaría de las Mujeres, Infonavit, la CTM y el TEPJF.
Los debates ideológicos continúan en el ámbito legislativo, incluyendo discusiones sobre el día del niño por nacer, mientras la Iglesia católica mexicana mantiene su posición en estos temas. Las reformas aprobadas robustecen derechos sociales en favor de la población más vulnerable, aunque persisten tensiones en la asignación de recursos públicos entre programas educativos y gastos sindicales.
