Por Redacción
Ciudad De México, 23 de marzo de 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) revocó el estatus de donatarias autorizadas a más de 100 organizaciones de la sociedad civil en México, incluyendo al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). La medida ha generado una discrepancia entre los argumentos de las entidades afectadas, que aseguran haber cumplido con los requisitos de acreditación ante la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), y la postura del fisco, que considera que dicha secretaría no tenía las atribuciones para validar dichas actividades.
De acuerdo con la información disponible, al menos 13 organizaciones han sido dadas de baja formalmente, aunque el impacto total abarca a más de un centen de grupos civiles. El IMCO, asociación fundada en 2003, afirmó haber cumplido puntualmente con sus obligaciones fiscales y con la acreditación solicitada por la SECIHTI. Sin embargo, el SAT procedió con la revocación del certificado bajo el argumento de que la secretaría carecía de competencia legal para emitir la validación requerida por las nuevas disposiciones fiscales.
Esta acción del SAT deja en un limbo administrativo a las organizaciones que habían iniciado procesos de renovación basados en los lineamientos de la SECIHTI. En el caso específico del IMCO, se tiene registro de una nueva solicitud presentada ante el SAT el 18 de noviembre, cuya resolución final aún no se ha hecho pública o no ha surtido efecto para recuperar el estatus perdido.
La falta de claridad sobre las nuevas disposiciones que exigen acreditar actividades ha creado un escenario de incertidumbre para el sector. Las organizaciones afectadas no han recibido una lista unificada o un comunicado detallado que explique los criterios específicos utilizados para la cancelación masiva, más allá de la discrepancia sobre las atribuciones de la secretaría de estado involucrada.
El contexto de esta medida se da en un entorno donde diversas fuentes internacionales han señalado narrativas de criminalización o restricción operativa para las organizaciones no gubernamentales, aunque no existen datos verificables que vinculen directamente el caso mexicano con reportes globales genéricos. La situación permanece a la espera de una definición clara por parte de las autoridades fiscales sobre el procedimiento válido para la recuperación del certificado de donatarias.
