Por Redacción
Ciudad De México, 23 de marzo de 2026.- Más de 100 organizaciones de la sociedad civil en México quedaron sujetas a la revocación de su autorización para recibir donativos deducibles de impuestos, situación que ha generado incertidumbre sobre su estatus legal ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). El hecho se registró el 19 de diciembre de 2025 en la capital del país, donde instituciones como Mexicanos Primero y México Evalúa se encuentran entre las entidades afectadas que aguardan una resolución definitiva.
De acuerdo con la información disponible, la cancelación o revocación del estatus de donatarias autorizadas impacta a un amplio sector de la sociedad civil organizada. Aunque los comunicados emitidos por Mexicanos Primero y México Evalúa no detallan los motivos específicos que llevaron a esta decisión administrativa, ambas organizaciones han señalado que continúan prestando sus servicios y operando con normalidad mientras esperan la respuesta formal de la autoridad fiscal.
La falta de claridad sobre los plazos legales exactos para la respuesta del SAT y la ausencia de un listado completo de las más de 100 organizaciones afectadas mantienen el tema en un estado de espera. Hasta el momento, no se ha hecho público el nombre del funcionario o área específica del SAT responsable de emitir la resolución que determine el futuro de estas entidades en el régimen de donatarias.
El contexto de esta situación surge tras darse a conocer la medida de revocación, la cual implica que, de confirmarse, estas organizaciones perderían la capacidad de emitir recibos deducibles para sus donantes, un mecanismo crucial para su financiamiento. Sin embargo, las instituciones involucradas mantienen su operación activa a la espera de que se aclare su situación jurídica ante la administración tributaria.
La ausencia de datos precisos sobre la fecha de difusión de los comunicados y los argumentos técnicos de la autoridad deja un vacío de información que las organizaciones buscan llenar mediante la espera de la notificación oficial. El caso pone de relieve la dependencia de estas entidades de la autorización fiscal para mantener sus esquemas de captación de recursos privados.
