Por Redacción
Ciudad De México, 22 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) formalizaron un acuerdo de colaboración el 20 de marzo de 2026 con el objetivo de incorporar la perspectiva de igualdad sustantiva y no discriminación en la función jurisdiccional. El convenio fue suscrito por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y la presidenta del Conapred, Claudia Olivia Morales Reza, en un acto celebrado en la capital del país, donde también participaron representantes del Senado de la República.
Paralelamente a este avance institucional, la senadora Malú Micher ha impulsado desde el Legislativo un llamado para uniformar las leyes de género en todos los estados de la federación, buscando armonizar el marco normativo local con los estándares federales. Estas acciones oficiales contrastan con las demandas de organizaciones de la sociedad civil, como Indigenous Peoples Rights International México, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el Centro de la Montaña Tlachinollan y Voces del Territorio México, quienes exigen que los derechos de los pueblos indígenas establecidos en el artículo 2 constitucional sean vinculantes y no meramente declarativos, solicitando la expedición de una ley reglamentaria específica.
En el ámbito de la procuración de justicia, surge una contradicción respecto al discurso de protección de derechos: la jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo otorgó un amparo al empresario Pedro Miguel Babb Villarreal, quien enfrenta acusaciones por fraudes. Este caso ha generado cuestionamientos sobre la actuación judicial, ya que la decisión de la magistrada parece colisionar con los principios de igualdad y justicia que las instituciones promueven públicamente. Entre los involucrados en el debate sobre justicia y derechos humanos también figuran José Manuel Mireles Verástegui y Carlos Eduardo González Hernández.
El contexto de estas movilizaciones y acuerdos se da en un momento donde la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones reporta que la Plataforma Nacional de Datos Abiertos ha superado las 5 mil bases de datos provenientes de 184 instituciones, lo que teóricamente facilitaría el acceso a la información para monitorear el cumplimiento de estas políticas públicas. Sin embargo, persisten incertidumbres sobre los mecanismos concretos del convenio SCJN-Conapred y los plazos de seguimiento para la armonización legislativa en las entidades federativas.
La convergencia de estos eventos marca una semana crítica para el sistema de justicia mexicano, caracterizada por la tensión entre los anuncios de avances en materia de no discriminación por parte de la SCJN y el Senado, y las críticas surgidas desde la sociedad civil y casos judiciales específicos que ponen a prueba la efectividad real de dichas garantías. La falta de detalles sobre el estatus de la ley reglamentaria para pueblos indígenas y la reacción del Poder Judicial ante las críticas por el caso del empresario Babb Villarreal mantienen el debate abierto sobre la verdadera aplicación de los derechos humanos en México.
