Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) exoneró a Pío López Obrador de las acusaciones de financiamiento ilícito a favor del partido Morena, cerrando definitivamente un caso que se arrastró desde agosto de 2020. La resolución judicial concluyó que no existían pruebas contundentes para demostrar la comisión de delitos, poniendo fin a la controversia legal que involucró al hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El origen de la disputa remite a la difusión de videos grabados en 2015 en el estado de Chiapas, donde se observa a Pío López Obrador recibiendo sobres con dinero en efectivo de manos de David León Romero. En las imágenes se mencionan montos de 1 millón de pesos y 400 mil pesos. Dichos materiales fueron hechos públicos en 2020 por el periodista Carlos Loret de Mola a través del medio Latinus, lo que detonó una serie de investigaciones administrativas y penales.
A lo largo de los años, el caso pasó por distintas instancias sin que se determinara responsabilidad penal. El Instituto Nacional Electoral (INE) cerró su investigación en 2021 alegando prescripción de la falta administrativa. Posteriormente, en octubre de 2022, la Fiscalía General de la República archivó el caso penal por falta de elementos para integrar un delito. Pío López Obrador había impugnado las acusaciones ante el TEPJF desde octubre de 2020, manteniendo su postura de que no cometió ninguna falta.
La reciente resolución de la magistrada Mónica Soto y la Sala Superior del TEPJF, emitida entre el 18 y 19 de marzo de 2026, ratificó la inexistencia de pruebas contundentes de financiamiento ilícito, a pesar de la evidencia visual de los videos. Las fuentes periodísticas que dieron origen al escándalo habían enfatizado la falta de rastreo del dinero como un indicio de irregularidad, pero el tribunal no consideró estos elementos suficientes para establecer la comisión de un ilícito electoral.
Tras la difusión original de los videos, Andrés Manuel López Obrador salió en defensa de su hermano en declaraciones públicas realizadas en 2020. Ahora, con el cierre definitivo del caso por parte de la máxima autoridad electoral, se concluye el proceso jurídico que mantuvo bajo escrutinio a la familia presidencial durante casi seis años.
La investigación no detalla el estado actual de posibles demandas civiles por daños morales que Pío López Obrador pudiera haber iniciado contra Carlos Loret de Mola por las afectaciones a su prestigio, ni especifica los argumentos técnicos exactos por los cuales los videos no tuvieron valor probatorio para el tribunal. El caso queda cerrado sin sanciones ni declaraciones de culpabilidad en sede electoral.
