Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) logró la vinculación a proceso de Blanca María del Rocío Estrada Ortega, ex subprocuradora de Justicia de Guerrero, y de otra exfuncionaria identificada solo como Margarita A., en relación con las investigaciones sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. La decisión fue emitida el 19 de marzo de 2026 por la jueza federal Nora Ileana García Peralta en la Ciudad de México.
Como resultado de la audiencia, la autoridad judicial dictó prisión preventiva oficiosa para Blanca María del Rocío Estrada Ortega, quien fue trasladada al Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla. La medida cautelar se aplica mientras la FGR continúa con un plazo de investigación de dos meses para profundizar en los hechos que se le imputan.
Existen discrepancias en las fuentes consultadas respecto a la naturaleza exacta de los delitos por los cuales se vincula a la exfuncionaria. Mientras que algunas referencias apuntan a delitos contra la salud, otras especifican que la acusación incluye la posesión de cartuchos de arma de fuego y medicamentos controlados. No obstante, el contexto de la acción legal se mantiene dentro del marco de la investigación del caso Ayotzinapa, donde se ha documentado la pérdida, ocultamiento o destrucción de videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, hechos ocurridos en septiembre de 2014.
La investigación no ha aclarado si ambas exfuncionarias están siendo procesadas por los mismos delitos ni se ha especificado el tribunal exacto más allá de la intervención de la jueza García Peralta. Tampoco se detalló la participación específica de Margarita A. en los hechos, manteniéndose su identidad parcial en los reportes iniciales.
Este desarrollo judicial representa un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia por la desaparición de los 43 normalistas, un caso que ha marcado la agenda de seguridad y derechos humanos en México desde hace más de una década. La FGR mantiene la investigación activa para determinar la responsabilidad de funcionarios públicos en la obstrucción de justicia y los eventos surrounding la noche en que los estudiantes desaparecieron en Iguala, Guerrero.
