Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La Jueza Segunda de Concursos Mercantiles, Ruth Huerta, declaró en concurso mercantil a Typhoon Offshore, la empresa del sector energético propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, tras determinar que la compañía se encuentra en situación de insolvencia. La resolución judicial marca el inicio formal del proceso legal para intentar una reestructura financiera de la organización.
De acuerdo con la información disponible, la solicitud para iniciar este procedimiento fue presentada por la propia empresa el 12 de diciembre de 2025. Como parte de la declaratoria, se ha ordenado la designación de un conciliador, cuya función será negociar con los acreedores para llegar a un acuerdo que permita la viabilidad operativa de la firma. El proceso de conciliación tiene una duración máxima de un año; de no lograrse un arreglo en ese periodo, la compañía podría ser declarada en quiebra.
Antecedentes del caso indican que Typhoon Offshore había señalado a finales de 2025 que su situación de insolvencia fue provocada por un incumplimiento de pago por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex). Previo a esta declaratoria judicial, la empresa ya enfrentaba presiones financieras, incluyendo un embargo de sus cuentas en el banco BBVA, dictado por un juez local de Ciudad del Carmen, Campeche, debido a demandas presentadas por proveedores.
Entre los acreedores mencionados en el contexto de las demandas previas se encuentran las empresas Off Shore Certification Services, Sky-Mar Services y Orca Servicios. Sin embargo, la investigación actual no detalla el monto total de las deudas que arrastra la compañía ni identifica a la totalidad de sus principales acreedores más allá de los mencionados en los litigios anteriores.
La declaración de concurso mercantil busca evitar la liquidación inmediata de la empresa, permitiendo que opere bajo la supervisión del conciliador mientras se renegocian sus obligaciones. Este mecanismo legal es utilizado en México para proteger a las compañías en crisis financiera y tratar de salvar sus operaciones, aunque el riesgo de quiebra permanece si las negociaciones fracasan en el plazo establecido por la ley.
