Por Redacción
Ciudad de Mexico, 20 de marzo de 2026.- Una jueza de control vinculó a proceso a Blanca María del Rocío Estrada, exsubprocuradora de Justicia de Guerrero, por los delitos de posesión de cartuchos y contra la salud. La decisión judicial se tomó el 18 de marzo de 2026 en la Ciudad de México, donde la funcionaria de 73 años quedó sujeta a un plazo de dos meses para la investigación complementaria.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la exfuncionaria enfrenta además investigaciones por su presunta implicación en el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Las autoridades indican que Estrada habría participado en la desaparición de material probatorio clave, específicamente los videos de las cámaras de seguridad 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala, registrados los días 26 y 27 de septiembre de 2014, fechas inmediatas a los hechos.
Tras la emisión de la vinculación a proceso, Blanca María del Rocío Estrada fue trasladada al Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla. La medida cautelar se deriva de los hallazgos reportados durante el procedimiento legal, que incluyen la posesión de cartuchos y sustancias controladas, aunque las fuentes consultadas no especifican la cantidad exacta ni el tipo de los elementos encontrados.
La desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en 2014 representa uno de los casos de mayor relevancia y complejidad en la historia reciente de México. La posible alteración o ocultamiento de registros videográficos en el Palacio de Justicia de Iguala constituye un obstáculo significativo para el esclarecimiento de los hechos, dado que dicho material podría ofrecer información crucial sobre los movimientos y acciones ocurridos durante la noche de los sucesos.
La FGR mantiene activa la indagatoria respecto a la responsabilidad de la exsubprocuradora en la sustracción o destrucción de dichas evidencias. Mientras se desarrolla la fase de investigación complementaria, el sistema judicial determinará los siguientes pasos procesales para definir la situación legal de la involucrada frente a los cargos por delitos contra la salud y la posesión de municiones, así como por su eventual conexión con la obstrucción de justicia en el caso Ayotzinapa.
