Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La Comisión Permanente y las fuerzas políticas aliadas al gobierno federal ultiman detalles para someter a votación el llamado ‘Plan B’ de la reforma electoral en el Senado, con la expectativa de realizar la sesión plenaria el próximo miércoles 25 de marzo, antes del receso de Semana Santa. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha generado un intenso debate debido a las implicaciones financieras para los municipios y las acusaciones de centralización del poder.
Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en la cámara alta, confirmó que existe la intención de aprobar la reforma constitucional en los próximos días, aunque medios como SDP Noticias señalan que la fecha exacta carece aún de confirmación oficial definitiva. El bloque gobernante cuenta con el respaldo general del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT), cuyas bancadas, encabezadas por Manuel Velasco Coello y Geovanna Bañuelos de la Torre respectivamente, han manifestado su apoyo a la agenda legislativa del Ejecutivo.
Sin embargo, la oposición ha endurecido su discurso contra la propuesta. Manuel Añorve Baños, senador del PRI, calificó la iniciativa como un ‘Plan Maduro’, equiparándola con medidas autoritarias, mientras que columnistas de opinión y diputados como Elías Lixa Abimerhi advierten sobre el impacto económico. Lixa argumenta que lejos de generar ahorro, la reforma obligará a aproximadamente 1,100 municipios a ampliar el tamaño de sus cabildos, lo que derivará en un incremento del gasto público.
Los datos duros de la investigación indican que la modificación constitucional implicaría la creación de cientos de nuevas regidurías. Solo en el estado de Yucatán, el 74% de los municipios tendría que expandir su cabildo, generando 221 cargos adicionales. En contraste, únicamente 56 municipios en todo el país verían reducida su estructura legislativa local, lo que alimenta la crítica de que la medida busca más bien una capilaridad política que una austeridad republicana.
Además del aspecto financiero, sectores críticos y analistas políticos, como los citados por López-Dóriga Digital, cuestionan la viabilidad constitucional de incluir la revocación de mandato en esta etapa legislativa. Argumentan que dicho mecanismo es improcedente toda vez que no se ha configurado la ‘pérdida de confianza’ hacia la presidenta Claudia Sheinbaum, requisito establecido en la Carta Magna para activar tal proceso.
Con la sesión programada tentativamente para la próxima semana, el Senado se encamina a una votación que definirá el futuro del Instituto Nacional Electoral y la organización de los comicios locales. Mientras Morena y sus aliados trabajan para consolidar los votos necesarios, la oposición mantiene su estrategia de denuncia pública, alertando sobre lo que consideran un intento de control partidista y un aumento innecesario de la burocracia municipal.
