Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La Cámara de Senadores avanza en la discusión y aprobación del llamado Plan B electoral, una reforma que contempla la reducción del gasto público en procesos electorales y cambios sustanciales a la figura de revocación de mandato, con el objetivo político de habilitar un escenario de ratificación popular para la presidenta Claudia Sheinbaum en 2027. La iniciativa cuenta con el respaldo crítico del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cuyas bancadas han confirmado que 13 de sus 14 legisladores votarán a favor de la propuesta, consolidando la mayoría necesaria para su ejecución.
Alfonso Ramírez Cuéllar, coordinador de Morena, y Manuel Velasco Coello, líder del PVEM, trabajan en la alineación de votos para asegurar la aprobación del paquete legislativo. Según las cifras manejadas por los promotores de la reforma, la meta es alcanzar un 80% de respaldo en un eventual proceso de ratificación a mitad del sexenio, modificando las reglas actuales que restringían esta opción para el titular del Ejecutivo federal en los periodos propuestos. Aunque los detalles exactos del mecanismo de inclusión en la boleta electoral de 2027 siguen siendo parte de la información por definir en los últimos ajustes del texto, la voluntad política de la coalición gobernante es clara respecto a la consulta popular.
El contenido del Plan B incluye medidas de austeridad como la limitación del gasto de los congresos locales al 0.7% del presupuesto estatal, la reducción del número de regidores en los ayuntamientos y un recorte general al financiamiento de los partidos políticos. Paralelamente, la Cámara de Diputados prepara la convocatoria para designar a tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), en un movimiento que el oficialismo considera necesario para renovar la autoridad electoral, mientras que la oposición critica el timing de estos nombramientos dado que tres consejeros actuales fueron designados en 2017 bajo acuerdos de otras fuerzas políticas.
Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, supervisa los tiempos legislativos para integrar las comisiones y llevar el dictamen a plenaria, mientras Ulises Mejía Haro, diputado federal, coordina la estrategia en la cámara baja. Por su parte, Elías Lixa, representante del PAN, ha expresado reservas sobre la velocidad del proceso, aunque la fuerza del bloque oficialista y sus aliados parece insuficiente para detener la aprobación. La reforma también contempla que el titular del Ejecutivo pueda pronunciarse formalmente durante el proceso de revocación, un cambio procedural significativo respecto a la legislación vigente.
En el ámbito local, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, anunció que presentará una iniciativa para armonizar la legislación estatal con los nuevos preceptos del Plan B federal, estableciendo un precedente que podría ser seguido por otras entidades federativas alineadas con el gobierno nacional. Esta coordinación entre niveles de gobierno busca facilitar la implementación de los cambios administrativos y electorales una vez que la reforma sea promulgada.
La aprobación de este paquete legislativo marca un punto de inflexión en la estrategia política de la administración de Sheinbaum, buscando consolidar su mandato mediante mecanismos de participación ciudadana reconfigurados y una estructura electoral con menores costos operativos. Los próximos días serán determinantes para cerrar la redacción final de los artículos controversecidos y programar la votación definitiva en el Senado, donde se espera que la oposición intente lastimar el dictamen sin lograr bloquear su avance.
