Por Redacción
Ciudad de Mexico, 19 de marzo de 2026.- Un derrumbe durante trabajos de demolición en el inmueble ubicado en San Antonio Abad 124, alcaldía Cuauhtémoc, provocó la muerte de tres trabajadores y dejó un sobreviviente identificado como Ángel Miranda, desatando un conflicto de atribuciones entre el gobierno local y la alcaldía sobre la responsabilidad de supervisar las obras. El accidente ocurrió el 9 de marzo y ha revelado que existen 17 inmuebles más en proceso de demolición que podrían presentar riesgos similares, según información oficial.
La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, señaló que su administración ha solicitado en múltiples ocasiones verificaciones al Gobierno capitalino, existiendo 456 solicitudes de inspección pendientes desde octubre de 2025 hasta marzo de 2026. Sin embargo, el conflicto se centra en la aplicación del ‘Acuerdo de Facilidades’ que limitaría la capacidad de supervisión directa de la alcaldía sobre este tipo de obras.
Por su parte, el PAN capitalino respaldó la gestión de Rojo de la Vega frente a las críticas del Gobierno central. Luisa Gutiérrez, representante del partido, afirmó que la alcaldía ha cumplido con solicitar las verificaciones correspondientes pero el Gobierno no ha respondido a las centenas de solicitudes pendientes, lo que genera un vacío de supervisión en las demoliciones.
El despacho jurídico Vega Mac Gregor Arellano ha iniciado acciones legales relacionadas con el caso, aunque se desconocen los detalles específicos de las presuntas irregularidades en la póliza de responsabilidad civil de la empresa encargada de la demolición, cuya identidad no ha sido revelada oficialmente.
La Fiscalía General de Justicia de la CDMX mantiene una investigación abierta para determinar las causas exactas del derrumbe y establecer responsabilidades. Mientras tanto, las autoridades no han proporcionado información sobre la identidad de los tres trabajadores fallecidos ni sobre el estado de salud actual del sobreviviente.
El incidente ha puesto en evidencia las tensiones entre los diferentes niveles de gobierno en la capital y la necesidad de clarificar los protocolos de supervisión para prevenir tragedias similares, especialmente considerando que existen decenas de inmuebles en proceso de demolición que podrían presentar condiciones de riesgo similares.
