Por Redacción
México, 19 de marzo de 2026.- El llamado Plan B de reforma electoral generó divisiones entre los partidos políticos durante el debate en el Senado, donde el PAN calificó la iniciativa de “farsa” mientras el Partido del Trabajo anunció su respaldo con reservas sobre la fecha de la revocación de mandato. La propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum incluye recortes presupuestales progresivos del 15% al Instituto Nacional Electoral y cambios en la integración de ayuntamientos que afectarían a 1,145 municipios.
Ricardo Anaya Cortés, coordinador del PAN en el Senado, criticó duramente la iniciativa al señalar que “no resuelve el dinero del narco en las elecciones ni la sobrerrepresentación de Morena”. El legislador advirtió sobre lo que calificó como “torpezas vulgares” como eliminar la paridad en los ayuntamientos y alertó que el proceso de revocación sería utilizado como instrumento de promoción política.
Por su parte, el Partido del Trabajo mostró posturas divergentes dentro de su bancada. Benjamín Robles, dirigente nacional del PT, expresó reservas sobre la fecha propuesta para la revocación de mandato, prefiriendo que se realice en 2028 en lugar de 2027 para garantizar equidad. “Cuestionamos que el proceso sea impulsado desde el gobierno y no por la ciudadanía”, afirmó Robles. Sin embargo, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre aseguró que su partido respaldará la iniciativa y votará a favor.
El diputado Rubén Moreira alertó que el Plan B busca influir en los comicios de 2027 más que ser una reforma de fondo. Calificó como “retroceso democrático” la participación del Ejecutivo en campañas mediante la revocación y señaló daños potenciales a la equidad electoral. Mientras tanto, el INE defiende su autonomía presupuestal y sus altos salarios, donde los consejeros perciben actualmente 262 mil pesos brutos mensuales, cifra que supera el salario de la presidenta de la República.
La iniciativa propone establecer un tope salarial de 134 mil pesos mensuales para los consejeros electorales, lo que representa una reducción de casi 50% respecto a sus ingresos actuales. Además, contempla modificaciones en las regidurías que afectarían a 56 municipios con reducción de representación y 1,089 con aumento, según las cifras discutidas en el debate parlamentario.
El contexto del debate se enmarca en los choques históricos entre el INE y el poder Ejecutivo por temas presupuestales y de autonomía, que se remontan al sexenio de Andrés Manuel López Obrador. La revocación de mandato ya fue utilizada en 2022, generando críticas por su uso como instrumento de promoción política. La discusión continuará en el Senado donde Morena, a través de Óscar Cantón, ha señalado que están evaluando posibles ajustes a la iniciativa.
