Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- El colapso de un edificio en la colonia San Antonio Abad que causó la muerte de tres personas el pasado 9 de marzo ha generado un enfrentamiento público entre la alcaldía Cuauhtémoc y el gobierno capitalino sobre la responsabilidad de supervisar la demolición. La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega aseguró que la supervisión correspondía al gobierno de la Ciudad de México mediante un Acuerdo de Facilidades, mientras que el secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, sostuvo que la vigilancia primaria recaía “de manera ineludible” en la alcaldía.
El conflicto se centra en el permiso de demolición del inmueble ubicado en San Antonio Abad 124, que fue negado inicialmente el 17 de octubre pasado tras detectarse al menos 10 riesgos graves. Sin embargo, tres días después la autorización fue concedida mediante el mecanismo de Acuerdo de Facilidades, que según Rojo de la Vega “obligaba a las autoridades de la Ciudad de México a supervisar la obra, coordinar el proceso y garantizar la seguridad”.
La alcaldesa de Cuauhtémoc calificó la decisión de autorizar la demolición como deliberada, afirmando que “no fue un error. Fue una decisión”, en referencia a la aprobación pese a los riesgos identificados previamente. El edificio colapsó durante los trabajos de demolición, provocando la muerte de tres personas cuyas identidades no han sido reveladas oficialmente.
Por su parte, el secretario Inti Muñoz Santini respondió en conferencia de prensa que “la responsabilidad primaria de vigilancia recaía de manera ineludible en la alcaldía Cuauhtémoc, con o sin acuerdo de facilidades”, marcando una postura diametralmente opuesta a la de la alcaldesa. Esta contradicción entre las dos instancias de gobierno deja en evidencia la falta de claridad en los protocolos de supervisión de obras de riesgo.
La empresa propietaria del edificio involucrado no ha sido identificada públicamente, y se desconocen detalles específicos sobre los diez riesgos graves que llevaron al rechazo inicial del permiso. Tampoco se ha informado sobre la hora exacta del colapso ni el estado actual de la investigación oficial sobre las causas técnicas del derrumbe.
El incidente ocurre en un contexto de tensiones políticas entre el gobierno de la Ciudad de México y algunas alcaldías, particularmente en materia de gestión urbana y permisos de construcción. La falta de coordinación evidenciada en este caso podría llevar a revisar los procedimientos de autorización para demoliciones en inmuebles con riesgos estructurales identificados.
