Por Redacción
San Antonio Abad 124, Ciudad De México, 18 de marzo de 2026.- El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía Cuauhtémoc se enfrentan por la responsabilidad en la supervisión de una demolición en el número 124 de la calle San Antonio Abad, que terminó en un derrumbe fatal. Mientras la Secretaría de Vivienda asegura que los familiares de las víctimas ya reciben apoyos de la empresa a cargo, el secretario Inti Muñoz acusó a la demarcación de tener inconsistencias documentales que demuestran su culpa.
En medio de la disputa administrativa, el portal 24-horas.mx reportó que las obras de remodelación relacionadas con la próxima Copa del Mundo de futbol provocaron el cierre de las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto en la Línea 2 del Metro, afectando la movilidad en la zona donde ocurrió el incidente.
Inti Muñoz, secretario de Vivienda de la capital, declaró que existen irregularidades en los documentos de la alcaldía Cuauhtémoc que comprobarían su responsabilidad en el caso. “Existen inconsistencias en la documentación de la alcaldía Cuauhtémoc que demuestran su responsabilidad”, afirmó el funcionario.
Por su parte, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, ha alegado en respuesta que acuerdos previos del Gobierno capitalino impedían a la alcaldía revisar y autorizar las demoliciones, trasladando la responsabilidad de la supervisión técnica al nivel central.
La empresa contratada para los trabajos, identificada como DeMet, es la encargada de entregar los apoyos a los familiares de las personas fallecidas y heridas en el accidente, según confirmó Muñoz. Sin embargo, se desconoce el número exacto de víctimas, la causa técnica específica del colapso y el monto o tipo de las compensaciones.
El conflicto ocurre mientras una investigación fiscal sigue su curso para determinar las causas penales del derrumbe. La falta de información pública sobre los detalles de la investigación y la documentación específica en disputa mantiene en la incertidumbre a los afectados.
Este caso pone en evidencia las tensiones recurrentes entre el gobierno central de la Ciudad de México y las alcaldías, particularmente en materia de supervisión de obras y responsabilidades administrativas, en un contexto de presión por las remodelaciones urgentes vinculadas al megaevento deportivo.
