Por Redacción
Ciudad de Mexico, 17 de marzo de 2026.- El presidente colombiano, Gustavo Petro, denunció este martes que Ecuador bombardeó territorio de su país, dejando 27 cuerpos calcinados y artefactos explosivos cerca de viviendas civiles en la frontera común, una acusación que su homólogo Daniel Noboa rechazó categóricamente al asegurar que sus operativos militares se desarrollan únicamente dentro de suelo ecuatoriano contra grupos narcoterroristas.
Petro fundamentó su señalamiento en el hallazgo de una bomba que, según dijo, fue lanzada desde un avión hacia el lado colombiano, un tipo de operación que descartó provenir de grupos armados irregulares –por carecer de aeronaves– o de sus propias fuerzas militares –por no haber dado tal orden–. “Hay 27 cuerpos calcinados y la explicación no es creíble”, insistió el mandatario en sus redes sociales.
En respuesta inmediata, Noboa negó cualquier violación de la soberanía colombiana y vinculó la presencia de grupos criminales en la zona fronteriza a una política permisiva del Gobierno de Petro. El presidente ecuatoriano afirmó que sus operativos, realizados la semana previa en Sucumbíos, atacaron “escondites de grupos criminales en gran parte colombianos” que se infiltraron en Ecuador por “descuido” en el control fronterizo.
La crisis diplomática se enmarca en una guerra comercial bilateral iniciada en febrero, cuando Ecuador impuso aranceles del 30% a importaciones colombianas por supuesta falta de reciprocidad en seguridad, medida que escaló hasta tariffs del 50% por ambas partes. La tensión se agrava con la participación de Ecuador en el “Escudo de las Américas”, una alianza de seguridad promovida por Estados Unidos.
Petro anunció la formación de un grupo de expertos para investigar el origen del artefacto explosivo y mencionó poseer una grabación como prueba, que sugirió hacer pública. Mientras, la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, y su par colombiano buscan canalizar el conflicto through la Comunidad Andina, que convocó una mesa de diálogo para evitar mayor escalamiento en una frontera de 600 kilómetros históricamente afectada por narcotráfico y minería ilegal.
