Por Redacción
Ciudad de Mexico, 15 de marzo de 2026.- Una serie de ataques violentos en diferentes estados del país ha cobrado la vida de al menos dos personas esta semana, entre ellas el esposo de una alcaldesa en Guanajuato y una joven emprendedora en Oaxaca, en hechos que permanecen sin esclarecer. La Fiscalía de Nayarit ofreció una recompensa por el ataque a un activista ambiental, en un contexto donde la violencia contra defensores y mujeres persiste.
En Jerécuaro, Guanajuato, Eduardo Olvera García, esposo de la presidenta municipal, fue asesinado a balazos el pasado 13 de marzo alrededor de las 20:30 horas dentro de un bar, según reportes de medios locales. Las autoridades no han dado a conocer motivos ni detenidos por este crimen que impactó a la esfera política local.
Paralelamente, en Juchitán, Oaxaca, Araceli Nieto, una joven de 19 años descrita como emprendedora, fue asesinada también a tiros. El feminicidio ocurrió en medio de un contexto de extorsiones en la región, aunque no se ha confirmado oficialmente si existe un vínculo directo. Con este caso, la entidad suma al menos 11 feminicidios registrados durante el presente año.
En un incidente separado, la Fiscalía General de Nayarit ofreció una recompensa de 100 mil pesos por información que permita capturar al responsable del ataque contra el activista ambiental Erik Saracho Aguilar, ocurrido el 11 de marzo a las 06:30 horas en Bahía de Banderas. Saracho fue agredido tras participar en una reunión con desarrollistas, según versiones recogidas por la prensa.
La violencia registrada en estos días abarca además otros estados. En Chiapas, feligreses católicos realizaron un viacrucis para exigir justicia por el asesinato del sacerdote Juan Manuel Zavala Madrigal, mientras que en Sinaloa se reportó un ataque con drones, aunque estos hechos no están directamente conectados con los ocurridos en Guanajuato y Oaxaca.
Las investigaciones en todos los casos se encuentran en curso, con autoridades estatales y federales sin identificar a los autores intelectuales o materiales de los crímenes. La falta de claridad sobre los móviles y la impunidad reinante reflejan los desafíos persistentes en materia de seguridad pública en varias regiones del país.
